NOÉ RAMÓN | SANTA CRUZ DE TENERIFE
El Parlamento de Canarias estudiará hoy dos proposiciones no de ley (PNL) que surgen a raíz del debate generado en Santa Cruz de Tenerife por la aparición de un número indeterminado de viviendas fuera de ordenación en el Plan General de Ordenación (PGO) de la ciudad. El objetivo en ambos casos es dar cobertura legal a estas edificaciones a través de las correspondientes modificaciones en la actual Ley del Territorio de Canarias.
En primer lugar, se debatirá la propuesta socialista en la que se pide suspender la ordenación sobre el suelo urbano consolidado en caso de que la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) dé su visto bueno final al documento.
Esta suspensión afectaría tanto a los edificios y viviendas que están fuera de ordenación, como a aquellas edificaciones y solares a las que se les dé mayor edificabilidad que las reconocidas en la actual ordenación. Los socialistas quieren cambiar la ley para poder regular este régimen reforzando la seguridad jurídica, las posibles indemnizaciones y el reparto equitativo de los aprovechamientos. Igualmente pretenden que se aplique el principio de retroactividad con el fin de corregir situaciones de arbitrariedad o inseguridad jurídica.
CC-PP. Luego está otra PNL de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), que básicamente busca incrementar los actuales estándares recogidos en la ley que limitan la capacidad de las hectáreas a 400 habitantes y 12.000 metros cuadrados de construcciones.
Piden que se deje claro que las edificaciones construidas con licencias hasta el año 1990 en suelo urbano disfrutarán de todos los derechos. Solicitan matizar el concepto actual de fuera de ordenación en cuanto a las obras que se permitan y dando vía libre a su disfrute sin limitaciones, excepto cuando los edificios tengan que ser demolidos a causa de la realización de expropiaciones por viales o equipamientos.
Por último, también piden la habilitación para la ejecución de cualquier tipo de obra cuando concurran valores a proteger que justifiquen las mismas, tales como valores histórico, etnográficos o arquitectónicos.
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