NOÉ RAMÓN | SANTA CRUZ DE TENERIFE
La anterior tesorera del Ayuntamiento, Mercedes Salazar de Frías, fue destituida de su cargo por el alcalde, Miguel Zerolo, después de que elaborara un contundente informe en el que destapaba todo tipo de irregularidades que se estaban llevando a cabo en su Departamento antes de su nombramiento, en el año 2006. En ese momento, según el informe en cuestión, la nueva tesorera denunciaba que no existía un control de las cuentas abiertas en las diferentes entidades financieras, "no existiendo en algunos casos expedientes de apertura de las cuentas y, en otros, los contratos o no existen o no están firmados".
Entre las graves irregularidades denunciadas estaba que no existía tampoco un control de las cantidades que las entidades financieras cargaban en las cuentas en concepto de amortización e intereses de los diferentes préstamos que tiene la corporación local, "teniendo que reclamar en algunos casos diferencias cobradas de más".
Dejar de ingresar. Igualmente, tampoco se controlaban los intereses a los que estaban remuneradas las diferentes cuentas abiertas en las distintas entidades financieras, "lo que, en algunos casos, suponía dejar de ingresar determinados importes". Concretamente, cita el caso de un plazo fijo abierto con ingresos derivados de la venta de Emmasa, en el que se tuvieron que reclamar casi 800.000 euros en concepto de intereses dejados de ingresar en la cuenta durante 2006.
"No se había contabilizado ni formalizado ningún expediente relativo ni a ingresos ni a los gastos derivados de los préstamos y está pendiente de tramitar la comprobación y aprobación de las cuentas de recaudación tanto del gestor como del recaudador ejecutivo, desconociéndose, en este momento, desde qué ejercicio se encuentran pendientes". A partir de 2005, la nueva tesorera denunció que, hasta el año que tomó posesión, se produjeron diversas irregularidades, como que en diciembre 2007 se presentó una persona autorizada por la empresa Gestión de Aguas de Tenerife SL con el obje to de retirar un aval, presentado de forma conjunta y solidaria por las empresas Compagne Generale Des Eaux y Veolia Water España SA, como garantía provisional para participar en el concurso de Emmasa por importe de 300.000 euros. Ante la negativa a devolver el aval hasta que se trajera autorización por las otras de empresas, se les comunica por la citada persona de la empresa Gestión de Aguas de Tenerife que ya en el año 2006 fue devuelto otro aval de las mismas características a Veolia Water sin requerir la autorización de las otras empresas concursantes.
Fuentes municipales han señalado que la funcionaria estaba en comisión de servicio y que, cuando ésta acabó, regresó al Cabildo.
Vuelve a llover sobre mojado
No es la primera vez que un funcionario del Ayuntamiento de Santa Cruz es sustituido después de haber puesto reparos de calado a alguna de sus decisiones. Ocurrió con el interventor, Miguel Ángel Rojas, cuando en 2006 elaboró un informe muy contundente en contra de la privatización de Emmasa. Poco después, el funcionario fue sustituido por Santiago Díaz, pero, a su vez, este último vio cómo, tras elaborar un informe muy crítico hacia la Fundación Santa Cruz Sostenible en 2008, era sustituido poco después por José Gáldez al negarse el alcalde a renovar su contratación durante otros dos años. Tampoco le fue mucho mejor a la anterior arquitecta municipal, Pía Oramas, cuando optó por irse al Cabildo tras negarse a hacer una tasación del frente de Las Teresitas como se le había sugerido desde la cúpula de la Gerencia de Urbanismo. En el caso de la tesorera Mercedes Salazar de Frías, tras la elaboración de este informe fue destituida por el alcalde y sustituida por José Luis Roca, anterior interventor de la Gerencia de Urbanismo y que permanece como imputado por el caso Teresitas. Éste cobra desde su designación, concretada hace algunos meses, casi 6.000 euros al mes. El correspondiente decreto tiene fecha del 2 de noviembre del pasado año y está firmado por el teniente de alcalde y responsable de Recursos Humanos, Manuel Parejo. Roca también tuvo que declarar hace algunas fechas como testigo en el conocido como caso mamotreto que ha supuesto la imputación de la actual concejal de Urbanismo, Luz Reverón, y de su antecesor en el cargo, Manuel Parejo. Roca tuvo que informar sobre los reparos que en su momento había impuesto a la actuación y cómo éstos se iban subsanando progresivamente.
