NOÉ RAMÓN | SANTA CRUZ DE TENERIFE
Los grupos parlamentarios de Coalición Canaria (CC) y el popular han decidido elaborar una Proposición No de Ley (PNL) con el fin de dar solución al número indeterminado de viviendas fuera de ordenación que se encuentran en Santa Cruz de Tenerife después de la polémica ciudadana generada.
La principal novedad del texto, con respecto a la propuesta presentada por el PP, es que se introduce una cláusula por medio de la cual se garantiza "con rotundidad" que las edificaciones existentes a la entrada en vigor de la ley del año 1990 situadas en suelo urbano, realizadas de conformidad con la ordenación urbanística aplicable y por lo tanto con licencias, "quedarán incorporadas al patrimonio de su titular y como tales con derechos adquiridos a proteger".
Matizar. El objetivo de esta PNL no es otro que matizar el concepto actual de fuera de ordenación de manera que se permita la graduación de los efectos en función de la legalidad o no de las obras al tiempo de su ejecución, "estableciendo mayor amplitud en las obras susceptibles de ejecución en las edificaciones realizadas al amparo de licencia y que permitiera incluso su pleno disfrute sin limitaciones".
Se exceptúa cuando por necesidades de planeamiento se exija su demolición para lo cual previamente deberá llevar a cabo la necesaria indemnización para viales o equipamientos de interés público y también para aquellas otras edificaciones realizadas ilegalmente en las que haya caducado la acción de restauración de la legalidad urbanística.
Etnográfico. La propuesta también da vía libre a la habilitación para la ejecución de cualquier tipo de obra cuando concurran valores a proteger que justifiquen las mismas como los históricos, etnográficos o arquitectónicos, el reconocimiento del derecho constitucional de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada cuando la renovación o sustitución edificatoria tenga como causa acontecimientos catastróficos naturales o no relacionados con el mercado inmobiliario o la continuidad de una actividad económica ubicada en la edificación afectada.
Parte de la propuesta también avanza en lo ya adelantado por el PP, en e l sentido de que se quiere reformar el límite a la potestad del planeamiento en las áreas en las que existan más de 400 habitantes o 12.000 metros cuadrados de edificación por hectárea "para modularlo".
Así ocurrirá en particular en las zonas urbanas consolidadas y especialmente en Santa Cruz y Las Palmas de Gran Canaria, de acuerdo con las circunstancias de superficie, población, tipología y actividad económica básica desarrollada en cada municipio, "evitando que un límite inflexible, que muchas veces no es relevante en determinados municipios y en otros, suponga la imposibilidad de establecer una ordenación adecuada a la realidad existente". En los antecedentes de la PNL se justifica su necesidad ante la "confusión creada recientemente" en la ciudadanía con respecto al régimen de fuera de ordenación.
Graduación. También se busca la graduación de esta situación en función de la legalidad o no de las obras al tiempo de su ejecución, "estableciendo una mayor amplitud en las obras susceptibles de ejecución en las edificaciones realizadas al amparo de la licencia. Incluso se permitirían las reformas de consolidación que supongan extender el tiempo de vida útil de las edificaciones, lo que hasta ahora no estaba permitido por la actual legislación.
La cúpula del Partido Popular en la Isla anunció hace una semana que iba a presentar esta PNL pero advirtió desde un principio que su tramitación dependería de si así lo determinaban sus socios de Coalición Canaria. Al final ha ocurrido así y ahora se esperará al debate en el Parlamento para determinar su texto final. Esta propuesta había sido planteada también por el Centro Canario Nacionalista (CCN), tal y como se aprobó en el pleno.
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