NOÉ RAMÓN | SANTA CRUZ DE TENERIFE
El pleno de Santa Cruz aprobó ayer –con los votos a favor del Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y Centro Canario Nacionalista (CCN) y la abstención de los socialistas y Ciudadanos– una propuesta de los centristas para que el Parlamento cambie la Ley del Territorio con el fin de dar solución al número indeterminado de viviendas que se han quedado fuera de ordenación en el Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz.
Aunque, en principio, el CCN había apostado por un cambio de la legislación vía decreto, finalmente el concejal de esta formación política, Ignacio González, opta por la negociación y el consenso en el Parlamento. Tanto el CCN como CC negaron que con esta apuesta se haga un reconocimiento de que cometieron un error al aprobar el PGO a principios de año y ratifican que únicamente tratan de dar respuesta a la "alarma social" generada.
El portavoz socialista, José Ángel Martín, cree que se ha hecho un reconocimiento de que la figura de fuera de ordenación supone una limitación al derecho a la propiedad y un daño patrimonial a los propietarios de estos inmuebles y considera que la propuesta tiene su origen "en la mala conciencia que les reconcome las entrañas" de quienes dieron vía libre al nuevo PGO.
Recordó Martín que el grupo parlamentario socialista ha presentado una Proposición No de Ley (PNL), al igual que el Partido Popular, aunque en su caso apuestan por suspender la ordenación en suelo urbano hasta que el nuevo texto sea aprobado. En sentido parecido se expresó el concejal de Ciudadanos Guillermo Guigou, quien incide en que los grupos que apoyaron el PGO cometieron "un grave error y ahora juegan a dejar el marco del cuadro lo más bonito posible".
Objetivos. No lo considera así González ni el portavoz de CC, José Alberto Díaz Estébanez, quienes aseguran que su único objetivo es clarificar la incertidumbre en la que se encuentran los propietarios de estos inmuebles y ofrecerles un régimen lo más adecuado posible. Insiste Díaz Estébanez en que las viviendas fuera de ordenación son tan legales como las que se encuentran dentro del planeamiento. Para el portavoz de CC, lo que queda claro es que el Ayuntamiento hizo todo lo posible para atender esta problemática.
Reverón considera válidos los certificados
La concejal de Urbanismo, Luz Reverón, se mostró ayer inamovible sobre sus puntos de vista en cuanto a las viviendas fuera de ordenación. Reverón insiste en que no son 60.000 las casas afectadas, que no se crea ningún perjuicio a sus propietarios y que el catálogo no tiene ninguna trascendencia jurídica. Además, considera que los certificados que va a ofrecer Urbanismo tienen plena validez en cuanto que son emitidos por una entidad pública. Pero es más, la concejal asegura que el Real Decreto del año pasado que refleja que estos bienes no pueden ser aceptados como garantía hipotecaria no tienen incidencia en los edificios fuera de ordenación y sólo se aplica en los que van a ser expropiados. El concejal de Ciudadanos, Ángel Isidro Guimerá, desde luego no lo considera así ni mucho menos y ambos entrechocaron sus puntos de vista en una agria discusión en la que cada uno sacaba a la luz un nuevo texto legal. Para Guimerá la nueva ley obliga a que en el Registro de la Propiedad se dé cuenta de que estos inmuebles están fuera de ordenación. No lo cree así tampoco Reverón. La concejal da su brazo a torcer en los puntos de vista que expresó en el pleno de principios de año y nadie parece convencerla de lo contrario. Fue ella más bien quien acusó a los grupos de la oposición de tener "mala conciencia" por según dice, haber engañado a la población alarmándole sobre los efectos de estar fuera de ordenación. Insiste en que se hará el catálogo de viviendas con esta carga pero no da fechas. Guigou tenía noticias de que no se ha movido ni un papel.
