BLANCA SALAZAR | ARONA
A raíz de las quejas y denuncias públicas de varios propietarios de suelo que aseguran que el Ayuntamiento de Arona les ha arrebatado terreno por las bravas y sin ninguna autorización para ejecutar un paseo peatonal entre Cruz del Guanche y Los Toscales (obra ejecutada en los márgenes de una carretera del Cabildo tinerfeño y pagada con cargo a fondos estatales del conocido como Plan E), y a raíz de las consecuencias económicas y judiciales que puede conllevar esa práctica de apropiación ilegal de suelo privado por parte del consistorio, el alcalde aronero, José Alberto González Reverón, ha empezado a respetar la tramitación legal que llevan a cabo de forma habitual las demás administraciones públicas cuando van a ejecutar obras e infraestructuras que invaden total o parcialmente terrenos que no les pertenecen.
Personal del Ayuntamiento cita como novedoso en ese sentido el decreto 239/09 que firmó el alcalde pidiendo al área de Disciplina Urbanística que averiguara quién son los propietarios de los terrenos afectados por el proyecto de conexión peatonal y acondicionamiento paisajistico previsto entre Chayofa y La Camella "visto que para llegar a la contratación definitiva para la redacción de dicho proyecto es necesario la puesta a disposición de los terrenos privados, de los cuales se adjunta plano". Como novedad, también pide la valoración de los terrenos afectados para su adquisición.
Una práctica sorprendente, pero habitual
El Ayuntamiento de Arona suele ejecutar obras públicas sobre suelo privado sin expropiar ni tramitar la cesión de ese terreno, sin abonar ninguna cantidad a sus propietarios y sin formalizar su inscripción en el registro de la propiedad, afirmación que puede resultar sorprendente e incluso increíble fuera del municipio, pero que queda sobradamente acreditada en numerosos ensanches viarios llevados a cabo en núcleos como Valle San Lorenzo, La Sabinita o Los Bebederos, en obras peatonales ejecutadas en enclaves como Los Toscales o Cabo Blanco y en parques y jardines habilitados en La Camella, Cabo Blanco o Buzanada. Algunos de esos casos llegan a quedar plasmadas en el sumario del caso Arona, como el campo de tiro que construyó el Ayuntamiento y que no se puede poner en marcha porque afecta a suelo de un empresario enemistado con el alcalde, o como con un jardín de Buzanada.
