NOÉ RAMÓN | SANTA CRUZ DE TENERIFE
Unos de los argumentos que con mayor frecuencia se han esgrimido desde la Gerencia de Urbanismo y por parte del propio alcalde, Miguel Zerolo, para rebatir las tesis de la Plataforma contra el Plan General de Ordenación (PGO) sobre los edificios fuera de ordenación es que desde que fueron catalogados de esta manera, en el año 1992, nunca se ha producido ninguna afección.
Pero no es así. Esta catalogación ha tenido repercusiones –y bastante sonadas– especialmente en los edificios Alsaca y el Imperial. En el primer caso, el inmueble situado al inicio de la Rambla de Pulido tuvo que ser desalojado a mitad del año 2002 al detectarse graves daños en su estructura, posiblemente a causa de las lluvias torrenciales que se habían producido poco antes.
La intención inicial de los propietarios de los 32 pisos fue demoler el inmueble en su totalidad y volverlo a reconstruir. La Gerencia, sin embargo, les indicó que en ese caso iban a perder una altura y que la superficie restante se tendría que repartir entre los demás dueños. De esta manera, un piso de 120 metros cuadrados se quedaría en apenas 90. Y es que la eliminación de los cuatro áticos hubiese implicado la desaparición de 500 metros cuadrados que se tenían que haber repartido entre los demás propietarios.
Este argumento hizo que la comunidad de propietarios se decantara por llevar a cabo una costosísima rehabilitación que aún hoy no ha acabado. El coste de esta operación es de algo más de tres millones de euros, mientras que la reconstrucción hubiese significado el doble, pero habría dado lugar a un edificio nuevo situado en una zona de gran valor urbanístico. Ahora se ha rehabilitado un inmueble que tiene cuarenta años de antigüedad y por lo tanto con menor vida útil.
Indignación. Luis Rodríguez Domínguez ejercía de presidente de la Comunidad de Propietarios del edificio Imperial en el mes de marzo del año 1994, justo cuando se produjo el derrumbe. Transcurridos 16 años, no puede evitar indignarse cuando escucha las declaraciones de los responsables municipales asegurando que estar fuera de ordenación no causa ningún perjuicio. Muy al contrario, después de haber vivido esta traumática experiencia, considera que "claro que causa efectos y muy graves. Estamos hablando de una expropiación encubierta. No me creo nada de lo que digan. Aquí el Ayuntamiento y sus adláteres se van a poner las botas con este trapicheo".
El edificio Imperial tuvo problemas estructurales a los pocos años de finalizar su construcción. Así lo ponían de manifiesto la continuas grietas que iban apareciendo. Aunque se taparan, poco después volvían a aparecer. Un día descubrieron que una columna situada en el aparcamiento presentaba un estado francamente alarmante.
Y fue así hasta el punto de que el edificio tuvo que ser desalojado. Dos días después, se derrumbaba por su propio peso. En ello había tenido mucho que ver la construcción de un ático ilegal que fue derribado por el Ayuntamiento después de que así lo avalara una sentencia del Tribunal Supremo (TS). Sin embargo, los escombros fueron escondidos en el depósito del agua, con lo cual el peso siguió teniendo el mismo efecto sobre la ya maltrecha estructura.
Las pérdidas de este vecino pueden sumar los 480.000 euros que costaba su piso, de 187 metros cuadrados, y los 751.500 que tuvieron que desembolsar en el derribo, que además no ha sido aún costeado por todos los propietarios. Aparte, hasta el pasado mes de julio seguía pagando religiosamente las cuotas de la comunidad, que llegaron a ascender a 108.000 euros. El edificio original tenía siete plantas hacia la calle San Francisco y ocho hacia la calle La Marina. En caso de reconstruirlo, hubiese perdido un número variable de alturas . Como medida excepcional, el pleno del Ayuntamiento accedió a que si los propietarios decidieran reconstruir el inmueble, mantendrían las alturas originales. En caso contrario, se impondría lo que dictaminaba el PGO.
Finalmente, los dueños desistieron por el alto coste que implicaba la reconstrucción. A partir de aquí, alguna empresa ha ido adquiriendo de forma paulatina los derechos de los vecinos, hasta sumar el 35 por ciento. Transcurridos más de tres lustros, las miras de estos vecinos están puestos en la subasta que se va a llevar a cabo y de cuyo resultado esperan obtener alguna mínima compensación a los gastos que ha implicado todo lo sucedido.
Las alturas permitidas han ido variando como el chicle en las diversas versiones del Plan General. En el año 2007, cuando el documento fue a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) se permitían 7 y así se mantuvo cuando el documento salió a información pública el pasado verano. Sin embargo, en las últimas versiones que han circulado para proceder a la aprobación definitiva, ya se reducen a seis. Y además ya no se permiten diferencias entre la calle de La Marina y la de San Francisco.
Es de suponer que si en 17 años ya se han producido estas dos afecciones graves y sonadas, según envejezca el parque inmobiliario de la ciudad, los casos se irán reproduciendo en progresión geométrica. Aparte de las afecciones directas, se dará el caso de que el mayor número posible de vecinos se negarán a derribar sus edificios sabiendo que al reconstruirlos se reducirá el aprovechamiento y además, de forma considerable. Esto podría dar lugar a una ciudad apuntalada, llena de edificios de baja calidad y en mal estado de conservación. Y eso, además, cuando la calidad de los edificios santacruceros no es precisamente la óptima.
