SAMUEL GONZÁLEZ (IDEAPRESS) | SANTA CRUZ DE TENERIFE
Los concejales con cargo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no verán mermados sus sueldos. Así lo determinaron los representantes de CC, PP y CCN, al rechazar una moción presentada por Ciudadanos de Santa Cruz. Guillermo Guigou, portavoz de esta formación, defendió su iniciativa como "un gesto hacia los ciudadanos" en la coyuntura de crisis que se atraviesa.
La propuesta fijaba en un 20% la rebaja de los cargos públicos pagados con dinero municipal, lo cual incluye al propio Guigou como presidente de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones. Dicho 20%, en cálculos de Guigou, supondría el ahorro de 250.000 euros. En él se incluyen las asignaciones a los grupos municipales o las dietas por asistencia a plenos.
Sólo el PSOE apoyó la medida. La defensa contra la rebaja fue encabezada por el portavoz nacionalista, José Alberto Díaz Estébanez. Criticó la carencia de una ley que establezca unos criterios de los que se deriven los sueldos públicos. El también titular de Hacienda advirtió, además, de que dicho ahorro supone un exiguo porcentaje del presupuesto municipal del año que finaliza. A este argumento se sumó Ignacio González, del CCN.
Mayor sorpresa supuso la calificación realizada por el portavoz del PP, Ángel Llanos, al discurso de su homólogo en CC. "Impecable", dijo. Un Díaz Estébanez que llegó a afirmar que "el responsable público –en sentido genérico – está expuesto a una precariedad laboral", refiriéndose no tanto a sus retribuciones como las críticas a que está expuesto. Para argumento, añadió que "la mal llamada clase política es una piñata en la que descargar las frustraciones".
El edil de CC e Ignacio González coincidieron también en tildar de incoherente que un concejal que ostenta un cargo público tenga una retribución inferior a la de los funcionarios de mayor nivel, como los jefes de servicio.
"Aquí se viene a servir, no a comer", contestó el representante socialista Ramiro Cuende. Además, aludió a una propuesta –cuya autoría no aclaró– para que los sueldos de los cargos políticos en el ámbito local se fijen en un 10% más de la media de las últimas cinco declaraciones de la renta realizadas por cada edil. En el debate surgió también la necesidad de reformar la contratación de los puestos de libre designación, conocido popularmente como cargos de confianza.
Gran parte del debate lo centraron las voces de Ciudadanos de Santa Cruz y del PP, pero para criticarse mutuamente sus actuaciones al frente de la Sociedad de Desarrollo. Tras anunciar Llanos el voto en contra de la moción, el portavoz de Ciudadanos, Guillermo Guigou, se dirigió a la sala para afirmar que "el voto del PP no es gratuito", en alusión a algún tipo de rédito para el PP en el futuro, y con las conversaciones para retomar un pacto con CC como telón de fondo.
Por otro lado, el punto sobre la petición de la ejecución de la sentencia que anulaba la compraventa del frente de la playa de Las Teresitas quedó sobre la mesa hasta el próximo viernes.
Paso atrás para el Templo Masónico
La situación del Templo Masónico fue abordada por enésima vez en sede municipal. Con la novedad de que se adoptó la revocación de la comisión de servicio dada hace 36 meses a un arquitecto municipal para la redacción del proyecto de rehabilitación del inmueble, que nunca se ha elaborado. Así sucedió, con los votos de PP y PSOE, que volvieron a escenificar la minoría política en la que se basa el gobierno de la ciudad. La crítica más ácida provino de la bancada popular, concretamente del ex edil de Patrimonio Histórico, Alfonso Soriano. "En esta corporación nunca ha habido interés por el patrimonio, ni aquí ni en el cementerio de San Rafael", explicó. Soriano solicitó la presentación del proyecto para que sea incluida en el Plan E del próximo año. El acuerdo presentado por Florentino Guzmán Plasencia, y aprobado posteriormente, incluye la solicitud de un concurso público para reasignar la redacción del proyecto de rehabilitación del histórico edificio. Ello dio pie al enfado del edil de Obras, Norberto Plasencia, quien argumentó que de convocarse un nuevo concurso habría que buscar la dotación pertinente. Ello implicaría, sostuvo, el retraso en la redacción del proyecto al menos hasta finales de 2010. "Es una incongruencia decir que el edificio se está cayendo y proponer un concurso", explicó. Sin embargo, pese a defender la concurrencia pública, los propios socialistas –tanto Plasencia como Cuende– recordaron que existe un proyecto ya redactado y que tiene el respaldo de las logias masónicas. "El Ayuntamiento compró la Logia con la condición de que el proyecto lo hicieran los masones", matizó Ramiro Cuende, dirigiéndose al concejal de CC Antonio Bello, presente junto al alcalde Miguel Zerolo en aquellas negociaciones. La validez jurídica de la revocación de una comisión de servicio fue puesta en duda por CC, de ahí que se solicitara un informe al secretario del Pleno. Un Luis Prieto que sólo explicó que cualquier autorización para realizar obras en un edificio declarado BIC compete a la Comisión de Patrimonio Histórico del Cabildo. La edil de Urbanismo, Luz Reverón, que se había comprometido a llevar al Pleno la redacción del proyecto en septiembre, volvió a proponer una reunión entre grupos y el propio arquitecto. Algo que fue desoído por socialistas y populares. El documento que sí existe es un Plan Director, si bien unas fuerzas lo censuran –es el caso del PSC– y otros dicen que no lo han recibido, como Ciudadanos de Santa Cruz.
El PP censura que el precio del agua no se baje en un dos por ciento
El precio del agua en Santa Cruz de Tenerife no bajará un dos por ciento. Así se dedujo de la intervención de José Alberto Díaz Estébanez, concejal de Economía y Hacienda, durante la sesión plenaria de ayer.
Si bien se ratificó que la tarifa del agua sí descenderá en ese porcentaje, de acuerdo a lo que establece el contrato de privatización establecido hace tres años – la variación se fija atendiendo a lo que recoja el IPC del mes de agosto de cada año – no lo harán en el mismo término las tasas de depuración, mantenimiento y alcantarillado, que también influyen en el precio final. Díaz Estébanez explicó, ante las críticas formuladas por el popular Ángel Llanos, que el contrato de privatización de Emmasa sólo se refiere al precio de la tarifa. "El precio de las tasas dependen del coste efectivo del servicio, no es eso lo que está sujeto al contrato" defendió el edil.
Sin embargo, Ángel Llanos, antecesor en el cargo a Díaz Estébanez, censuró que la actuación del Ayuntamiento se haya escondido hasta la jornada de ayer. "Hoy es la primera vez que usted dice abiertamente que la intención del equipo de Gobierno es no bajar esas tasas", apuntó.
El portavoz del Partido Popular ahondó en el asunto al explicar que en los años anteriores, la variación en las tasas a las que hizo referencia Díaz Estébanez fue exactamente la misma que la aplicada en la tarifa del agua, incrementos del 1,8 y el 5,5 por ciento, respectivamente.
"Nos parece incoherente que durante tres años se aprueben juntos y ahora no sea así", expresó Llanos, quien advirtió además de las dudas jurídicas que tiene su formación al respecto de la comisión de alguna irregularidad.
Díaz Estébanez replicó a Llanos aduciendo que el pasado año –con Llanos al frente de Hacienda– la tasa de basura fue declarada irregular "por atenerse al contrato con la empresa y no con el coste del servicio".