HARIDIAN DEL PINO | LA LAGUNA
El Gobierno de Canarias, concretamente la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, considera que no debe asumir los 16.718.079,70 euros reclamados por el Ayuntamiento de La Laguna como indemnización por los supuestos daños causados al mercado debido a las obras que se estaban ejecutando en un solar anexo para construir los nuevos Juzgados. Así, en los informes elaborados por dicha Consejería, y dados a conocer ayer por el grupo municipal socialista de La Laguna, se fija la indemnización en la mitad de lo solicitado por la corporación local, 8.359.039,85 euros.
El 20 de julio de 2007, el Ayuntamiento decretaba el desalojo de las instalaciones de la recova, ubicada en la plaza del Adelantado, debido a la inestabilidad que presentaba el inmueble. En febrero de 2008, la anterior alcaldesa, Ana Oramas, interponía una reclamación patrimonial contra la Consejería "por los daños causados en el mercado, así como por los perjuicios económicos que se han derivado de dichos daños como consecuencia de las obras realizadas para la construcción de los Juzgados".
Después de que la corporación diera tres cifras, finalmente se fijó la indemnización en 16.718.079,70 euros. El Ayuntamiento valoró los daños causados en: 8.664.162,20 euros por la lesión sufrida por el servicio público correspondiente a la interrupción y reanudación de la actividad, restablecimiento de la situación, habilitación de instalaciones con carácter provisional e indemnización; 53.917,50 euros por el estudio de las causas determinantes de la ruina del inmueble mediante la contratación técnica y 8.000.000 euros por la lesión sufrida en el bien demanial: reposición del inmueble.
Tras admitirse a trámite esta reclamación, la Consejería solicita al Ayuntamiento, a la UTE (Dragados y Fronpeca) encargada de realizar la obra de los nuevos Juzgados y a la empresa Arquitectura y Medio Ambiente (AMA), autora del proyecto del nuevo edificio, toda la documentación que tengan sobre este asunto. Una vez que concluye el estudio de esos informes, el Ejecutivo regional considera que "el edificio del mercado, antes de iniciarse la obra del nuevo edificio de Juzgados, se encontraba en un estado generalizado de deterioro con graves defectos en su estructura y albañilería, que recomendaban su demolición parcial".
Conclusiones. También apunta que "la obra de remodelación del mercado fue proyectada y ejecutada sin haber estudiado y valorado la verdadera situación de la estructura, de la cimentación y de los terrenos de apoyo del edificio, desconociendo, incluso, la existencia del sótano donde se ubicaban las denominadas vaquerizas, descubierto con ocasión de la demolición de la losa de piso a ejecutar la obra de remodelación del mercado".
"No es justificable que el Ayuntamiento desconociera la zona de vaquerizas, menos aún cuando, de acuerdo con el informe de Intemac –el Instituto Técnico de Materiales y Construcciones hizo la evaluación del estado de la revoca–, a mediados de los años 90 y en la ampliación de la planta sótano 1º del mercado para zona de almacén y cámaras, se tapió la entrada a las vaquerizas mediante la construcción de un muro de hormigón armado para contener las tierras. Si Intemac pudo acceder a esta información para elaborar su informe, también pudieron hacerlo los responsables de la obra de remodelación del mercado. De otra parte, el matadero demolido en 2002, como así se desprende de todos los informes emitidos, actuaba como contrafuerte de la recova", se explica en el informe de la Consejería.
"Así consta en el informe de Bureau Veritas que en la zona de las vaquerizas ya existían refuerzos, de antigüedad desconocida, lo que demuestra que ya en su día, existían daños estructurales de consideración", afirma para hacer un repaso por las patologías que ya tenía el edificio y agregar que "ante la imposibilidad de determinar en qué porcentaje ha contribuido cada causa en la aparición de los daños producidos, procede moderar equitativamente el quantum indemnizatorio solicitado, atribuyendo al estado del mercado el 50% en la contribución de los daños causados y el otro 50%, a la obra del Juzgado".
Tras conocer esta resolución, el Ayuntamiento interpuso un recurso contencioso-administrativo, como ya publicó este periódico, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Sobre este asunto, los concejales socialistas Javier Abreu y Yeray Rodríguez no sólo pidieron la dimisión del antiguo concejal de Mercado, Plácido Mejías, sino que criticaron la "pérdida de 8 millones de euros puesto que se ha buscado más el acuerdo que la defensa del dinero público de los laguneros".
También aseguraron que "estos documentos dejan claro que el Ayuntamiento conocía el estado en el que estaba el mercado. Desde agosto el inmueble estaba colapsado y se inauguraron las obras de remodelación".
