NOÉ RAMÓN | SANTA CRUZ DE TENERIFE
Una sentencia del Tribunal Supremo (TS) avala la concesión llevada a cabo a Parque Marítimo Anaga SA, una empresa que primero perteneció el empresario José Anaga Labajos y que luego adquirió en su totalidad el Fórum Filatélico para construir el puerto deportivo de San Andrés. El tribunal rechaza un recurso de casación interpuesto por la empresa Mariano Cabrera SA, que era la que antes estaba encargada de construir esta obra y a la que se le revocó la concesión.
Esta última empresa había alegado que el expediente para otorgar la nueva concesión se inició unos días antes de que el Gobierno autónomo hubiese declarado la caducidad de la misma. Por su parte, el abogado del estado sostiene que nunca se llegó a aprobar definitivamente el proyecto y, además, no se cumplieron las condiciones del informe favorable del Ministerio de Obras Públicas, especialmente en la condición de que si se ampliaba la zona de servicio del puerto, como efectivamente ocurrió, los terrenos quedarían bajo la competencia de Puertos.
En su momento, el Tribunal Supremo también falló a favor de declarar la caducidad de la concesión administrativa que había sido otorgada en 1992, a lo que siguió una prórroga para la presentación del proyecto definitivo y otra para le inicio de las obras. Posteriormente, se alegó la existencia de un conflicto competencial entre el Estado y la Comunidad autónoma por lo que se solicitó la suspensión de los plazos para presentar la documentación y para el inicio de las obras en 1993. El expediente de caducidad de la concesión se inició en 1997.
Incumplimiento. La empresa Mariano Cabrera alega que no se le puede imputar el incumplimiento de los plazos para la presentación del proyecto definitivo, así como de un estudio medioambiental y para el inicio de las obras, puesto que el Estado había informado sobre la nulidad de la concesión otorgada por no haberse formalizado el acta de adscripción demanial de los terrenos necesarios para construir el puerto.
Indica el TS que lo decisivo es que en ningún momento la Administración del Estado se realizaron actuaciones dirigidas a obtener la anulación de la concesión. El demandante se limitó a decir que el presidente de Puertos, Luis Suárez Trenor, le advirtió que de iniciarse las obras acordaría su paralización. Una manifestación que el tribunal considera "informal" y que no podía justificar la inactividad del anterior concesionario. Así se estima probado que nunca se llegó a presentar un proyecto de ejecución, ni el estudio de impacto medio ambiental.
El argumento que esgrimió el anterior concesionario en el sentido de que se retrasó el acta de adscripción de los terrenos a la Comunidad Autónoma por parte del Gobierno central, según el TS "no condiciona la validez de la concesión otorgada sino su eficacia, toda vez que en tanto no se haya producido el otorgamiento no pueden iniciares las obras". Un argumento que no valía para declarar la nulidad de la concesión.
El Tribunal no obstante reconoce que en un primer momento el Gobierno autónomo se consideró titular de los terrenos para después no volver a personarse en el expediente. El TS reseña que una vez que se declaró la caducidad de la concesión no existía ya ningún obstáculo para que Puertos aprobara el nuevo proyecto.
Los abogados del recurrente consideran probado que la concesión otorgada en su momento a Mariano Cabrera SA, fue declarada caducada y que el recurso contra esta declaración ya había sido desestimado en vía jurisdiccional. Sin embargo, el procedimiento administrativo para la nueva concesión se inició antes de que se hubiera declarado la caducidad de la que tenía otorgada Marino Cabrera SA , que luego acudió a los tribunales.
También se considera probado que, en ese momento, los terrenos en los que se iba a construir el puerto eran propiedad de la Comunidad Autónoma y por ello, "independientemente de que se confirme en la vía judicial que la caducidad en su concesión es conforme a derecho, el expediente de nueva concesión era ya de por si nulo de pleno derecho".
El TS sin embargo considera que antes de la caducidad de la concesión ya se venían administrando los terrenos por Puertos, tras la ampliación de la zona de servicio de la zona portuaria y que además una vez declarada la concesión ya podía este organismo aprobar el nuevo proyecto.
Una concesión de ida y vuelta
El puerto deportivo de San Andrés aparece y desaparece de la actualidad municipal como si de una especie de monstruo del Lago Ness se tratara. Tras el escándalo que siguió a la intervención del Fórum Filatélico y la ramificación que llegó a Santa Cruz en forma del caso Fórum
ha vuelto a ponerse de nuevo en marcha la maquinaria para recuperar la concesión. Así se lleva ya tres años. En estos momentos lo único que se sabe es que la Autoridad Portuaria a nivel estatal ha elaborado un informe donde se recogen las posibilidades o no de recuperar esta concesión y que dicho informe ha sido remitido al Ministerio de Fomento que será el que tenga la última palabra. Sobre el contenido del documento poco o nada ha trascendido. Sin embargo, dado que la empresa Fórum Filátelico ha desaparecido, en la práctica, pocas posibilidades habrá de que ejecute estas obras. El puerto deportivo saltó en el año 2006 de nuevo a la actualidad cuando el juez Garzón remitió a los juzgados de Santa Cruz un escrito que implicó la investigación por presunto cohecho del anterior presidente del Puerto, Luis Suárez Trenor, del alcalde, Miguel Zerolo, del empresario, José Ana Labajos y de la ex-asesora del alcalde, Herminia Gil. Años después poco se sabe de las investigaciones que fueron encomendadas al Juzgado número 5. Sólo han trascendido las declaraciones de Gil y Labajos o la intervención que hace apenas dos meses se llevó a cabo en viviendas y oficinas de Trenor. La empresa Parque Marítimo SA, fue adquirida por Fórum Filatélico en su momento a través de la fórmula de Reserva de Dominio, o lo que es lo mismo Labajos siguió vinculado a la compañía mientras Fórum pagaba las cantidades acordadas. En 2003, esta última adquirió el 100 por cien.
