BLANCA SALAZAR | ARONA
El "marrón" que supone para el Ayuntamiento de Guía de Isora tener que permitir la reincorporación del policía local que agredió a una turista noruega cuando estaba de comisión de servicio en la Policía de Santiago del Teide es para el edil isorano de Policía, Secundino Yanes, "como un sarampión que hay que pasar", es decir, como una enfermedad "que no te gusta, pero que si te toca, no tienes más remedio que resignarte".
En relación a ese agente identificado como J.P.A.L., natural de Granadilla de Abona y que tenía 34 años cuando fue detenido y puesto en libertad con cargos por la agresión denunciada por la joven Wenche Helle (parte de cuyo incidente fue grabado por la cámara de seguridad de una estación de servicio), Yanes explica que no tiene "ningún instrumento legal para evitar su incorporación", y que "tampoco podemos evitar que vuelva a patrullar, ya que tiene que volver al puesto que desempeñaba".
El concejal añade que ésta es "una situación muy incómoda" y que el Ayuntamiento de Guía "tiene que asumir una responsabilidad que no le toca porque se refiere a unos hechos protagonizados por ese policía cuando trabajaba para otro Ayuntamiento" y expone que la posible adopción de medidas frente a esta situación se ha complicado "por un conflicto de competencias" cuya complejidad ha sumido el expediente del policía "en un limbo legal".
Secundino Yanes recuerda que cuando se produjo el incidente entre dicho policía local y la turista noruega (el pasado mes de marzo), el agente estaba en comisión de servicio en el Ayuntamiento santiaguero. Ante lo ocurrido, ese consistorio le abrió un expediente sancionador y acordó que fuera suspendido de empleo de forma cautelar. Durante esa suspensión finalizó el plazo de la comisión de servicio que el Ayuntamiento santiaguero no quiso renovar, pasando el agente a depender del Ayuntamiento en el que tiene su plaza en propiedad, en este caso, el de Guía.
Ahí, prosigue Yanes, empezó el conflicto de competencias al no estar claro qué administración tiene que resolver el mencionado expediente sancionador, ya que para el consistorio santiaguero ellos no estaban en disposición de hacerlo porque el policía ya no tenía relación con esa administración, y para los juristas isoranos debe resolver el expediente la administración que lo inicia.
Agrega que ante la duda remitieron una consulta a la consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias "y aún estamos esperando respuesta".
Al preguntarle si ha hablado con el agente protagonista del escándalo, manifiesta que "mantuvimos una conversación larga y serena" en la que, entre otras cosas, Yanes le dejó claro "que depende de la resolución del expediente que está atrapado en el limbo legal y de la sentencia judicial". Sobre las palabras del agente, Yanes cita que le dijo "que cree que ha aprendido de la experiencia".
