NOÉ RAMÓN | SANTA CRUZ DE TENERIFE
El Ministerio de Defensa tendrá otros tres meses de plazo para poder responder a los miembros de la Cooperativa Hespérides que le reclaman el pago de 8,4 millones de euros. Esta deuda está originada por la sentencia del Tribunal Supremo del año 2007, que reconoció que los terrenos situados en Hoya Fría, en Santa Cruz, sobre los que se asientan estas viviendas, son de la familia Rodríguez López y no del Ministerio de Defensa, el organismo que se los vendió unos años antes.
Fue el pasado cuatro de abril cuando los miembros de la Cooperativa se dirigieron al Ministerio de Defensa a través de un expediente de Responsabilidad Patrimonial cuyo plazo de respuesta se sitúa en los seis meses, de manera que acabó el pasado 2 de octubre. Sin embargo, el propio Ministerio les ha notificado que en vez de entenderse este cumplimiento como un silencio administrativo se han acogido a una prórroga de tres meses que finaliza el próximo dos de enero. Hasta entonces el Ministerio podrá informarles sí efectivamente están dispuestos o no a atender sus reivindicaciones. Será el propio Consejo de Estado el que les tenga que dar una respuesta.
El presidente de la Cooperativa, Jesús Zárate, señaló que pese a esta aparente buena disposición del Ministerio lo cierto es que no desisten de acudir a los tribunales y más concretamente a la Audiencia Nacional para hacer valer sus intenciones. Y ello pese a que durante la visita del secretario de Estado para la Defensa, Constantino Méndez para firmar el contrato de arrendamiento de los terrenos de Hoya Fría, este señaló que iban a llegar a un acuerdo con la Cooperativa.
Rector. Pese a esta buena intención, el consejo rector que representa a 115 familias se considera en desamparo por parte de la ministra, Carmen Chacón, a la que acusan de hacer "oídos sordos" a sus demandas. Y es que después de la sentencia estas familias se vieron en la obligación de volver a comprar los terrenos a los nuevos titulares. Única forma de poder utilizar sus viviendas y de contar con las licencias por parte del Ayuntamiento.
En consecuencia la compra pro segunda vez de eta parcela, según el precio establecido por los vendedores supuso que la Cooperativa tuviese que desembolsar un total de 8,1 millones de euros, lo que supuso un coste adicional por vivienda de 70.500 euros. A raíz de esta operación el 29 de julio de 2008 la Cooperativa solicitó de la ministra la incoación, desarrollo y resolución de un expediente de Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas, ya que fue el Ministerio el que vendió a la Cooperativa la parcela libre de cargas y gravámenes. Nueve meses después de presentarse la solicitud el pasado 4 de abril, el Ministerio decidió tramitar el expediente, estableciendo un plazo de seis meses. Ante la falta de respuesta los cooperativas decidieron acudir a la Audiencia Nacional para hacer valer sus derechos, pese a las palabras conciliadoras de los máximos responsables de Defensa. Ahora ante el nuevo plazo dado por el Ministerio lo cierto es que no se quiere cerrar la vía judicial y mantenerla abierta en caso de que finalmente no se llegue a un acuerdo por las buenas con el Ministerio.
Abiertos a la negociación
El abogado de la Cooperativa, Pedro Ravina, señala que siempre han estado dispuestos a negociar con el Ministerio de Defensa a pesar de que la actitud de este organismo ha sido, por el contrario, la de negarles cualquier tipo de información. Eso sí, hasta hace pocas fechas, cuando de forma sorpresiva el secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, anunció en rueda de prensa sin que nadie le preguntara que estaban dispuestos a llegar a un acuerdo y a saldar la deuda. Y es que existen discrepancias sobre la cantidad a pagar. Así los cooperativistas sospechan que el Ministerio tan sólo está dispuesto a reconocer el pago de 1,4 millones de euros, que fue lo que le costó a esta Cooperativa los terrenos en el año 1997 y no los 8,4 que es lo que luego supuso adquirir este mismo solar a la familia Rodríguez López después de la sentencia que vino a reconocerles como titulares de este suelo. La diferencia radica en que en el primer momento se compró suelo urbanizable, mientras que en la segunda ocasión ya se había ejecutado el plan parcial de Los Moriscos y se llevaron a cabo las obras de urbanización correspondientes, lo que el valor de suelo se había multiplicado de forma notable. En cualquier caso los cooperativistas se han mostrados dispuestos a intentar llegar a un acuerdo sin acudir a los tribunales. De todas formas una próxima reunión de la Cooperativa determinará la vía a tomar que puede ser o bien recurrir a la Audiencia Nacional aunque sea forma de cautelar o bien centrar todos los esfuerzos en intentar llegar a un acuerdo con el Ministerio de Defensa.
