LA OPINIÓN | SANTA CRUZ DE TENERIFE
El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, ha firmado la orden que regula la concesión de 500.000 euros a Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria en concepto de compensación de los costes derivados de la capitalidad. El Ejecutivo canario abonará antes de que finalice el año otros 500.000 euros a cada una por este mismo concepto.
Esta aportación, junto a la ya concedida por el Gobierno de Canarias en 2008, se realiza en cumplimiento de lo establecido en la Ley 8/2007, de 13 de abril, del Estatuto de Capitalidad Compartida, que en su artículo 9, relativo al régimen de capitalidad, señala que la condición de capital compartida en Canarias tendrá un apartado específico en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
Consignación. La consignación de crédito se hace con cargo a los dos millones de euros previstos en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2009, tras el acuerdo alcanzado el pasado 20 de octubre entre José Manuel Soria y los alcaldes de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Zerolo y Jerónimo Saavedra, respectivamente. Tras esa reunión, José Manuel Soria explicó que las partidas por el coste de la capitalidad se incrementarán en un 250 por ciento el próximo año.
Durante el próximo ejercicio 2010, se prevé que Las Palmas de Gran Canaria reciba 3.700.000 euros, mientras que a Santa Cruz de Tenerife se destinarán 3.200.000 euros.
En la reunión del pasado mes de octubre también se ratificó el acuerdo de que la diferencia entre las cantidades recibidas por los dos ayuntamientos no superará nunca el 7 por ciento. Por otro lado, se llegó al compromiso de actualizar el estudio sobre la capitalidad antes de septiembre de 2010, momento en el que se celebrará un nuevo Consejo de Capitalidad.
Las cantidades que reciben cada una de las dos capitales canarias se calculan en función de los efectos económicos y sociales derivados de la consideración de capitalidad y de acuerdo con criterios equitativos de financiación.
Las negociaciones para poder alcanzar un acuerdo sobre la aplicación de la Ley de Capitalidad se llevan reproduciendo desde hace ya varios años. Tras la aprobación del texto legislativo en el año 2006 se han venido llevando a cabo reuniones. Desde aquel ejercicio cada una de las capitales canarias apenas recibía una cantidad simbólica para dar cumplimiento a la ley. Sin embargo, ya se ha acordado que se lleve a cabo una aplicación real y con todas las consecuencias.
Objeto de discusión ha sido siempre la aplicación del texto y de los parámetros que se utilizan en la legislación. Así, en principio se descartó tener en cuenta criterios poblacionales y más bien se ha avanzado en otros, como en determinar de qué manera influye en la vida de la ciudad el ser capital y el coste que supone para los servicios. Más adelante se determinarán los beneficios.
