BLANCA SALAZAR | ARONA
En medio del bloqueo en la concesión de licencias urbanísticas que sufrió el Ayuntamiento de Arona tras la querella de la Fiscalía de Medio Ambiente contra el alcalde y los siete ediles que integraban la anterior junta de gobierno por presuntos delitos contra la ordenación del territorio, un asesor externo consultado por el primer edil aronero, José Alberto González Reverón, le advirtió a principios de 2008 de que había estado dando licencias ilegales al autorizar edificaciones en unidades de actuación no gestionadas.
Precisamente, ese supuesto de ilegalidad es uno de los principales sustentos de dicha querella interpuesta a principios de 2007. Y si bien ante la opinión pública el alcalde ha mantenido su inocencia y ha eludido cualquier responsabilidad relativa a la posible concesión de licencias irregulares, en una conversación mantenida con ese asesor externo (el letrado Martín Orozco) en febrero del año pasado, se dio por enterado de dicha ilegalidad (como consta a través de las escuchas telefónicas del caso Arona).
Dicha consulta versaba sobre cómo dar licencias legales en unidad de actuación, y éste responde, entre otras cosas, que "lo que no se puede hacer es dar licencias si no ha habido la previa reparcelación, es decir si no se ha constituido la junta de compensación o si el ayuntamiento no ha seguido el procedimiento de cooperación", a lo que el alcalde responde que "prácticamente no hay ninguna -unidad de actuación- que haya estado gestionada".
Orozco señala que "entonces de entrada no se puede dar licencia y eso es clarísimo y le aporta mil sentencias que lo dicen". Cuando González le pregunta sobre las unidades de actuación no gestionadas pero que tienen todos los servicios básicos como luz, agua y asfalto, y que está consolidada en un 80 por ciento (es decir, construida en su mayor parte), el abogado reitera que tampoco en esos casos se puede dar licencia "salvo que el nuevo plan lo considere suelo urbano consolidado".
Y cuando el alcalde replica que el secretario municipal le aportó jurisprudencia que respaldaría la concesión de dichas licencias, Orozco apunta que "para que exista suelo urbano consolidado, la última jurisprudencia del 2002 viene a decir que tiene que ser una consolidación legal, haberse ejecutado conforme al planeamiento y en este caso desde que no haya gestionado la unidad de actuación, no es legal". Finalmente, acuerdan que ese abogado elabore un informe que aclare cómo agilizar la concesión de licencias en esas unidades de actuación.
La primera parte de la querella contra los gobernantes aroneros refleja que éstos dieron permisos de edificación o de primera ocupación para unos 2.800 pisos y 144 viviendas unifamiliares ubicadas en unidades de actuación no gestionadas o en planes parciales que tenían reparos de legalidad.
