El desahucio final del Parque Marítimo será en quince días

NOÉ RAMÓN | SANTA CRUZ DE TENERIFE El Juzgado número cinco de Primera Instancia de Santa Cruz dio el pasado lunes quince días hábiles al empresario de Santa Cruz Park Tenerife SL, Luis Gil, para que desaloje las instalaciones. Si no lo hace durante estas fechas, el martes 1 de diciembre se llevará a cabo el desahucio forzoso y el acto de lanzamiento.

Durante ese tiempo el Juzgado ordenará la constitución de una comisión judicial integrada por la secretaria y un agente del Juzgado y el procurador de Gil. Sin embargo, tanto Puertos y el Ayuntamiento, integrados en la empresa Parque Marítimo SA, han advertido ya que pedirán la presencia de agentes policiales, al no tener muy clara las intenciones de los desahuciados.

Durante el acto de desalojo se levanta acta sobre el estado de las instalaciones y se comprueba si el inventario que había en el momento del arrendamiento concuerda con los bienes que estén en ese momento en el recinto. Lo que difícilmente ocurrirá, ya que basta una simple mirada desde el exterior a las instalaciones de la piscina o las fotografías que han circulado durante estos días por los medios de comunicación para poder comprobar que han desaparecido prácticamente todos los bienes que estaban en el recinto.

Cocina. Así en estos momentos faltan no sólo las tumbonas o sombrillas, sino incluso también elementos que aparecían en el proyecto del arquitecto como son los sanitarios y los muebles de la cocina. No valdrían este caso las excusas de que estos elementos han desaparecido a causa del vandalismo ya que Gil tiene la responsabilidad de custodiar no sólo el Parque sino también los elementos que hay en su interior.

Por otro lado, el pasado jueves la sociedad Parque Marítimo SA, a través de su abogado Ignacio Acha, interpuso la querella penal contra Gil por presuntos delitos de apropiación indebida, delito societario y falsedad documental. En el texto de la denuncia se indica que el empresario se comprometió en 2008 cuando asumió la gestión de este espacio a invertir un millón de euros durante los siete años de concesión.

También se le acusa a la empresa de insolvencia punible al considerar que el "bárbaro comportamiento" del empresario ha impedido durante los meses de verano que los vecinos pudieran utilizar estas instalaciones.

Y es que al no haberse pagado el canon durante estos meses en los que el recinto ha permanecido sin actividad también se ha impedido que las administraciones puedan tener el dinero suficiente para llevar a cabo las actuaciones que es necesario ejecutar con el fin de adecuarlas a la actual normativa europea. El supuesto delito de apropiación indebida vendría dado, precisamente, por la desaparición de los bienes inventariados en el Parque, hasta el punto de falsear el listado del concurso de acreedores.

En cuanto al delito societario se habría incurrido en un falseamiento de las cuentas y en la consignación de activos y pasivos que no existían o alternación y omisión de otros conceptos esenciales. También se denuncia que hay un miembro del Consejo de Administración que no suscribe las cuentas y no se explica tampoco si ha sido destituido o se ha ido por voluntad propia. El abogado llega incluso a calificar de "imposibilidad metafísica" el estado de algunas cuentas considerando el letrado que se incurre en "un cambio sustancial de la verdad contable".

La empresa Parque Marítimo SA estima que Gil ha dejado un reguero de deudas que puede sumar ya como mínimo la cifra de un millón y medio de euros, aunque fácilmente podría alcanzar el doble. Para esta empresa pública presidida por el alcalde, Miguel Zerolo, el empresario llega a contabilizar como bienes propios más de 400.000 euros en inversiones realizadas durante los últimos años, cuando en realidad según el pliego de condiciones estos pertenecen ya al Parque Marítimo. De ahí vendría dado el posible delito de falsedad o apropiación indebida.

Sólo en alquileres la entidad que dirige Luis Gil adeuda ya 700.000 euros, a razón de 35.000 euros al mes. También podrían contabilizarse la cantidad de un millón de euros que el empresario se comprometió a invertir en este lugar, lo que no parece haber ocurrido, al menos en los 307.000 por ejercicio.