B.SALAZAR | ARONA
La posible trama de corrupción urbanística del Ayuntamiento aronero ha vuelto a tomar fuerza al quedar de manifiesto en el marco de la instrucción del caso Arona que ciertos empresarios han podido disfrutar de un trato de favor mayúsculo que les habría permitido obtener licencias para construir enormes edificios de apartamentos aunque los mismos invadieran la zona de servidumbre marítimo terrestre o aunque se ubicaran sobre parcelas destinadas pura y exclusivamente a uso comercial.
Tales tratos de favor y la posibilidad de que los mismos pudieran articularse en torno al pago de comisiones ilegales a determinados técnicos y gobernantes del Ayuntamiento de Arona, han saltado esta semana en los juzgados aroneros a colación de la declaración del ex empresario que ha reiterado que entre 1999 y 2003 fue víctima de una extorsión cuando intentó obtener una licencia para edificar un complejo residencial en Costa del Silencio.
Este ex empresario (José Ramón Ansorena) ha detallado las múltiples trabas que le pusieron para obtener esa licencia, según él, porque se negó a pagar la comisión de 45 millones de pesetas que le pidió un intermediario para comprar informes técnicos favorables y el voto de políticos.
Para reforzar su tesis de que le fastidiaron por no pagar la comisión, el miércoles citó que Pedro Suárez construyó las urbanizaciones residenciales Costa Sol, Roque del Mar, Balcón del Mar y Atlantic View en parcelas limítrofes a la suya a pesar de que las trabas urbanísticas debían haber sido las mismas para ambos (ya que tres de las parcelas de Suárez tenían el mismo uso turístico que la suya). Ansorena declaró también que ese empresario quiso comprar su parcela a pesar de las trabas municipales para su edificación.
Complicaciones políticas
Las dos declaraciones judiciales de la semana pasada en relación a la trama de corrupción urbanística que saltó en el caso Arona han dejado a al menos a dos políticos aroneros en una situación muy complicada por los testimonios que apuntan a que conocían la extorsión que estaría sufriendo la empresa Proguito y no hicieron nada. La peor parte de ese reparto de responsabilidades es para el consejero del Cabildo y concejal del PP en Arona Félix Sierra, ya que dos personas han declarado que le habían contado dicha extorsión (uno de ellos, además, le involucra en la misma). El otro aspirante a ser imputado por un delito de omisión del deber de denunciar es el actual alcalde, José Alberto González, quien además ha hablado del tema en conversaciones intervenidas.
