S.G. (IDEAPRESS) | SANTA CRUZ DE TENERIFE
El abogado Felipe Campos, uno de los denunciantes de presuntas irregularidades en el Parque Marítimo César Manrique, ha anunciado una nueva denuncia contra la Gerencia de Urbanismo que será llevada en las próximas fechas a la Fiscalía de Corrupción. En este caso, el objeto de la denuncia será la aprobación, irregular a juicio de Campos, de un estudio de detalle presentado acerca del uso dado al anexo del Parque Marítimo César Manrique.
Dicho estudio, correspondiente a las zonas B y C de Plan Especial del Parque Marítimo, elaborado por la empresa arrendataria Santa Cruz Park Tenerife, fue aprobado por la Gerencia de Urbanismo. Campos considera que Urbanismo incurre en un ilícito de presunta prevaricación al haber aprobado un documento que no cumplió con las condiciones impuestas en un primer momento.
Explanada. En concreto, el abogado aduce que el uso de la explanada de aparcamientos del Parque Marítimo no ha asegurado la disposición de 500 plazas para el estacionamiento de vehículos. El citado estudio de detalle fue aprobado definitivamente el 21 de septiembre de 2007, después de que la arrendataria lo hubiese presentado ante la Gerencia de Urbanismo en julio del mismo año. Sin embargo, fue otro documento, afirma Campos, el que entró en vigor, tras ser presentado en octubre de 2008, y que fue publicado por el Boletín Oficial de Canarias en enero del presente año.
Es éste el texto ante el que el abogado ha interpuesto un recurso contencioso administrativo, el cual ya ha sido presentado, a diferencia de la denuncia en la vía penal, pese a que Campos la ha anunciado. Afirma el principal denunciante de las presuntas irregularidades cometidas en todo el entorno del Parque Marítimo que el documento publicado en el BOC no respeta otra de las condiciones fijadas en la sesión plenaria de septiembre de 2007 que estableció dichas premisas. Se refiere Campos a que "el documento aprobado definitivamente no respeta la línea de edificación prevista por el Plan Territorial Especial de Ordenación del sistema viario del área metropolitana", en concreto por el trazado de la futura vía litoral.
En su reclamación por la vía contencioso administrativa, que sigue su curso, el escrito presentado por Campos se hace eco de un informe de la Gerencia que afirma "la ordenación de esta zona no ha tenido en cuenta las determinaciones del PTEO respecto a la línea de edificación derivada del trazado de la Vía Litoral", que establece el límite a partir del cual "está prohibido realizar cualquier tipo de construcción". Dicha argumentación implica que, pese a reconocer en diversos documentos que el estudio de detalle no se ajustaba a lo establecido en el PTEO, posteriormente se aprobó el documento inicial. "El informe del Servicio de Planeamiento y Gestión de 25 de julio de 2007 expresa que de la aplicación de esta línea límite de edificación la superficie C1 –en la que deberían ubicarse las quinientas plazas de aparcamiento – se reduce considerablemente, no quedando justificado que en esta área puedan ubicarse las 500 plazas solicitadas", en el acuerdo plenario de septiembre de 2007. Dicho informe insta a que se replantee la ordenación para reubicar las plazas en otra zona. Otro informe de dicho Servicio de Planificación, del 12 de febrero de 2008 establece igualmente que no se justifica la ubicación de las 500 plazas de aparcamiento.
Campos advierte en su escrito que un tercer informe, del 21 de octubre de 2008, volvió a la solución planteada por el estudio de detalle que ubicaba todas las plazas en la subzona C1, "solución que incumple el plan tal y como se afirma en los informen técnicos aludidos", dice el escrito. Y pocos días después, el 5 de noviembre de 2008, un nuevo documento emitido por el Servicio de Planeamiento y Gestión expresa que "se ha dado cumplimiento a las exigencias requeridas por el acuerdo plenario de 21 de septiembre de 2007.
