PEDRO H. MURILLO | LA OROTAVA
Los propietarios del edificio Iders deberán volver a solicitar la licencia de rehabilitación de este inmueble ubicado en la avenida Familia Betancour y Castro. Según indicó la presidenta de la Junta de Propietarios del edificio, Milagros Castro, la licencia deberá volver a solicitarse porque "está retenida en el juzgado, ya que hemos tenido muchos problemas con uno de los propietarios que no quiere que se rehabilite el edificio", señaló Castro. En este sentido, la representante de los vecinos afectados asegura sentir se desesperada ante la actitud del mencionado propietario, quien ha impugnado la práctica totalidad de los juicios celebrados hasta la fecha. "Este señor, cuyo nombre es Francisco Rodríguez Castro, es el responsable de que el edificio no se rehabilite porque no nos deja sacar la cabeza del agua y aunque le hemos ganado juicios, los ha impugnado de la misma manera que ha impugnado los acuerdos de la junta de propietarios para rehabilitar nuestras casas", declaró Milagros Castro.
Los vecinos del Iders se enfrentan a un nuevo revés, después de que hayan abonado el importe de la licencia de rehabilitación del edificio. "Hemos pagado un total de 109.000 euros para que nos dieran la licencia y ahora estamos a la espera de que el Ayuntamiento tramite el acuerdo plenario por el que se solicita una ayuda económica a las administraciones para la rehabilitación del edificio", dijo la representante vecinal.
Alto coste. La rehabilitación del edificio Iders está presupuestada en más de cinco millones de euros; una cantidad que no puede ser asumida en su totalidad por el medio centenar de vecinos afectados. "Estamos a la expectativa para comprobar qué es lo que hace y cómo reacciona el nuevo grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz", explicó Castro. Los vecinos del Iders llevan más de 18 años esperando por una solución, después de que fueran desalojados de sus viviendas al detectarse aluminosis en el edificio. Desde entonces, los propietarios afectados han permanecido fuera de sus viviendas lo que, para Milagros Castro, supone "una gran injusticia porque hemos pasado muchas amarguras para que se nos haga caso y se nos permita volver a nuestras casas".
Otro de los inconvenientes derivados del desalojo –producido en los años 90 del siglo pasado– es el deterioro que presenta en la actualidad el edificio, lo que ha motivado que el coste de las obras de rehabilitación se haya disparado a un montante de cinco millones de euros.
Sospechas. Ante la demora en la rehabilitación del edificio, los vecinos afectados aseguran que existen intereses ocultos que lo que persiguen la demolición del inmueble por el alto valor que han adquirido los terrenos, dada la situación estratégica en la que se ubica el edificio. "Estamos seguros de que si nuestras casas hubiesen estado en el barrio de La Vera, en Las Dehesas o en cualquier otra zona menos turística que la de Martiánez, seguro que todo se hubiese solucionado mucho antes, e incluso ya estaríamos en nuestras casas sin ningún problema", dijo Milagros Castro.
