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Tegueste

Vidal Suárez será investigado por el ´caso Codezal´

La denuncia del PSC ante el fiscal ha llegado al Juzgado de Instrucción de La Laguna

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El ex alcalde de Tegueste, Vidal Suárez (izquierda), con el empresario Víctor Rodríguez.
El ex alcalde de Tegueste, Vidal Suárez (izquierda), con el empresario Víctor Rodríguez. La Opinión

TONY M. ÁLAMO (IDEAPRESS) | SANTA CRUZ DE TENERIFE
El que fuera alcalde de Tegueste durante 20 años, Vidal Suárez, será investigado por el caso Codezal, tras la denuncia que la Fiscal Jefe de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Almendral, ha remitido al Juzgado de Instrucción de La Laguna. Así, la denuncia que desde el PSC de la localidad realizaron a la Fiscalía en febrero de este año ha prosperado. Vidal Suárez "y las demás personas que puedan ser responsables penalmente" serán llamados a declarar ante los juzgados de La Laguna por la recalificación de unos terrenos rústicos en El Portezuelo, para construir la urbanización de 40 chalés denominada El Codezal. Según el PSC, estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

El PSC centró su denuncia, que ya llevó al Parlamento de Canarias en 2004 y que consiguió que el Gobierno autonómico paralizara en los tribunales el plan parcial El Codezal, en que su aprobación había sido irregular. De esta manera, tanto el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Tegueste, Antonio Expósito, como el del Parlamento de Canarias, Santiago Pérez, criticaron que "se pretendiera dar la aprobación definitiva a través del silencio administrativo". De no haber sido anulada por los tribunales, este plan parcial podría haber declarado como urbanizables 30.000 metros cuadrados de lo que hasta entonces era suelo rústico.

Los argumentos de la denuncia que la fiscalía ha hecho pública sostiene que hubo "voluntad deliberada" del ex alcalde en infringir las normas jurídicas para permitir la urbanización y edificación "de una bolsa de suelo rústico aislado y, por tanto, la obtención de los beneficios económicos que todo ello supondría". Los hechos denunciados podrían suponer penas de prisión de hasta tres años, y diversas multas e inhabilitaciones.

Expósito aprovechó para anunciar que el PSC "va a denunciar todo lo que vaya en contra del interés general". Por ello criticó la adquisición por parte del consistorio de un sótano en un edificio construido "tras modificar con dinero público el cauce de un barranco". Así, criticó que, oficialmente, este sótano "que estaba destinado a garaje albergará la ampliación de la escuela municipal de música, que no hace falta ampliarla porque, tras la subida de tasas ha perdido 100 alumnos en un año".

Recalificación de terrenos rústicos
La denuncia que podría sentar a Vidal Suárez en el banquillo parte de un intento del grupo de gobierno que entonces encabezaba de recalificar unos terrenos rústicos como urbanizables. El llamado Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable número 3 El Codezal hubiera supuesto que el constructor Víctor Rodríguez hubiera conseguido 30.000 metros cuadrados de suelo donde urbanizar. Se da la circunstancia de que a esos terrenos rústicos no los rodeaba sino más suelo rústico, constituyendo una extensión aislada de cualquier urbanización. Los socialistas apuntaban que "la aprobación se hizo en contra de todas las leyes de ordenación de Canarias", ya que se produjo por un método bastante poco habitual, el silencio administrativo positivo, refrendado posteriormente en un pleno con el voto del grupo de gobierno. No obstante, la utilización del silencio administrativo positivo está prohibido para recalificaciones de este tipo, según explican los socialistas en su denuncia ante la fiscalía. Esto motivó tanto la intervención del Gobierno de Canarias y su denuncia ante el TSJC que anuló el plan en una sentencia de 30 de noviembre de 2006. Sin embargo, el portavoz socialista criticó que "en 2007 volvieron a sacar a información pública la aprobación inicial del plan, conociendo la sentencia de noviembre de 2006". Además, fue el nuevo equipo de gobierno del municipio, que dirige José Manuel Molina, quien acordó volver a aprobar el plan.

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