N.R. | SANTA CRUZ DE TENERIFE
Los partidos que integran la oposición en el Ayuntamiento de Santa Cruz –socialista, Partido Popular y Ciudadanos– hicieron ayer un llamamiento al consenso a la hora de encontrar la mejor salida para ejecutar la sentencia que anuló el proceso de privatización de la empresa que gestiona el agua en Santa Cruz, Emmasa. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ya ha fijado un plazo de diez días para llevar a cabo la ejecución voluntaria y a partir de aquí se abre otro de dos meses para hacerlo por la vía forzosa.
El portavoz socialista, José Ángel Martín, se confesó "francamente preocupado" ante la suspensión y anulación de todo el proceso de privatización, con el consiguiente pago de indemnizaciones que pueden superar ampliamente los cien millones de euros. Martín dijo que pese al ofrecimiento del PSC para llegar a un consenso sobre este asunto, "lo cierto es que el grupo de gobierno se ha enfrascado en otro camino de recursos imposibles cuyo fin es alargar en el tiempo este lío judicial para evitar que los responsables políticos den la cara".
Recordó Martín que Emmasa era una empresa solvente y por lo tanto, ahora se debe plantear de nuevo su futuro, "ya que ninguna administración puede hacer frente a indemnizaciones como las que aquí se barajan o estar enfrascados en contenciosos durante diez años". El concejal socialista indicó que, pese a haber realizado desde hace tiempo un llamamiento al consenso, lo cierto es que el grupo de gobierno sólo ha dado la callada por respuesta. Entre las posibilidades que baraja el PSC está la negociación con Sacyr-Vallehermoso para recuperar la gestión de la empresa Emmasa sin que esta medida suponga un coste desmesurado para las arcas municipales.
"Éxito". El portavoz del grupo municipal popular, Ángel Llanos, ironizó felicitando al concejal y abogado, Ángel Isidro Guimerá del "indudable éxito" que supone que el Ayuntamiento tenga que desembolsar más de cien millones de euros por esta sentencia. "No podemos sino llamar la atención sobre el hecho de que el responsable de crear empleo le haya ocasionado a la ciudad este daño patrimonial".
El PP también se lamentó del "goteo incesante de disgustos" al que el alcalde, Miguel Zerolo, está sometiendo a la ciudad cada día por asuntos como Emmasa, el caso Las Teresitas, Las Huertas, el incremento en el precio de las obras del Barranco de Santos o la sentencia de la gasolinera BP, entre otros. No obstante, Llanos, acto seguido, matizó que ofrecerán todo su apoyo y esfuerzo al grupo de gobierno municipal para intentar encontrar una solución al aparente callejón sin salida en el que se encuentra la corporación local.
El PP insiste, sin embargo, en apostar por una externali zación del servicio y su apoyo se basa en el intento de encontrar la solución que se sea lo menos gravosa posible para la ciudad. Llanos considera que en estos momentos no cabe otra posibilidad que cumplir la sentencia pero a la vez intentar encontrar la solución menos gravosa posible.
Por su parte, Guimerá dijo que cualquier persona podrá solicitar la ejecución forzosa al tratarse de un servicio público. No dejó muy claro el concejal si dado su apoyo puntual a la mayoría de gobierno ejercerá desde ahora su derecho pero sí ratificó que "no pienso llevar a cabo una dejación de mis responsabilidades y llegaré hasta el final para que la legalidad sea restablecida". Apuesta porque Emmasa sea pública o cuente con capital canario.
