NOÉ RAMÓN | SANTA CRUZ DE TENERIFE
La concejal de Patrimonio, Esther Sarrautte, no dejó ayer ningún resquicio de duda. El alquiler de los locales del Parque Bulevar se rescindirá en línea con lo dictaminado por el pleno del Ayuntamiento. Hace unas dos semanas, la oposición integrada por el Partido Socialista Canario-PSOE, Partido Popular (PP) y Ciudadanos de Santa Cruz consiguió imponer su criterio para rescindir el contrato de dos oficinas que llevan alquiladas desde hace más de tres años sin que se les haya dado ningún tipo de uso.
Sin embargo, al término de la votación, el alcalde, Miguel Zerolo, no dudó en señalar que una cosa era la votación en pleno y otra la decisión de la Junta Local de gobierno tomada aquella misma semana, donde ya se le otorgaba un uso y fin concreto a cada una de las oficinas. Pese a ello, la concejal de Patrimonio indicó que ya se han dado los primeros pasos para dar cumplimiento al acuerdo plenario. Así, se estarían estudiando los "pros y los contras" de la rescisión de este contrato. Según los términos del acuerdo suscrito con la empresa Inversiones Parque SA tan sólo es necesario dar un aviso tres meses antes de la fecha en la que se va a rescindir el contrato y la cancelación no tiene por qué implicar ningún tipo de gasto para la corporación local.
Sarrautte indica que aunque aún no ha habido una comunicación formal con la empresa Inversiones Parque SA, su propietario, Antonio Plasencia, "ya sabe lo ocurrido y la decisión que se ha tomado".
Contrato. Con respecto a las cuantiosas obras de reforma llevadas a cabo durante todos estos años, la concejal indica que no se llevará a cabo ningún tipo de reembolso a la corporación local, ya que así quedó fijado en el contrato al contemplarse estas actuaciones tan sólo como "mejoras". La concejal no duda en señalar que, en caso de concretarse esta rescisión del contrato, "ahí sí que se va a tirar el dinero público a la basura", dijo. Recordó Sarrautte que se trata de dos locales unidos que suman casi 500 metros cuadrados y por los que se pagaban unos 4.000 euros al mes, incluida la comunidad y demás gastos. El contrato fue supervisado no por Patrimonio sino, curiosamente, por Gestión Tributaria. Hasta estos momentos se han gastado más de 400.000 euros en este alquiler con una opción a compra. Después de años de denuncias y continuas críticas por parte de la oposición, ahora se da el caso de que justo cuando el PP presentó la moción para proceder a la rescisión del contrato fue cuando la Junta Local, unos días antes, decidió ubicar en los mismos la oficina de Quejas y Sugerencias que precisamente preside el concejal de Ciudadanos Guillermo Guigou, uno de los más críticos hacia el alquiler de estos locales.
Sin embargo, Ciudadanos optó por mantenerse firme en su postura y apoyó la rescisión del contrato pese a que su voto significaba que el grupo de gobierno integrado por Coalición Canaria (CC) y el Centro Canario Nacionalista (CCN) iba a perder la votación. A partir de aquí se produjo un agrio debate al advertir el alcalde que al haberse aprobado el destino de estos locales en la Junta Local el pleno no tenía capacidad ejecutiva ninguna.
Este anuncio dio lugar a que los concejales del grupo municipal socialista se levantaran del pleno y retiraran sus propuestas. El PP también retiró las suyas pero optó por mantenerse en el salón. No obstante, al finalizar la sesión plenaria, el portavoz del PP, Ángel Llanos, volvió a mostrar su opinión de que el alcalde debería de pensarse seriamente la posibilidad de someterse a una cuestión de confianza dada la inestabilidad política con la que gobierna desde que rompió el pacto con el PP.
Ahora se está a la espera de que concluyan los informes jurídicos y de Intervención pero no tanto para decidir si se rescinde el contrato, sino más bien para determinar la forma de hacerlo, dijo Sarrautte.
Una empresa con la firma Plasencia
La empresa Inversiones Parque SA aparece llena con los apellidos Plasencia. Según la información mercantil y de incidencias, la empresa se creó a principios del año 1989 con un capital de casi 599.000 euros. Los cargos del Consejo de Administración tienen casi todos el apellido Plasencia. El presidente es Carlos Antonio Plasencia y el vicepresidente, Antonio. A partir de aquí, los cargos de consejeros están ocupados por Carlos Plasencia, José Plasencia o María Plasencia, entre otros. Tan sólo parece no pertenecer a la familia la apoderada, Miriam Isabel Vera y Félix Quemada Nieto. La compañía siempre ha contado con un máximo de 37 trabajadores y un mínimo de 34, de los que todos han sido fijos excepto el año pasado que lo era el 71 por ciento de los mismos. En el año 2007 realizaron un volumen de negocio de casi 995.000 euros y un año después por casi 1,5 millones. La empresa Inversiones Parque SA forma parte del conjunto de compañías relacionadas con Antonio Plasencia y así sus miembros también lo son de Promotora Punta Larga, Llano del Molino, Promociones Afirma, Transportes Anaco, Punta Tenefe, Contratas y Obras de Canarias, Complejo el Carmen, Carlacand y Hormigones La Concretera. No obstante Plasencia es muy conocido también por la venta del frente de la playa de Las Teresitas al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Una operación que casi diez años después de haberse llevado a cabo ha dado lugar a una gran controversia y a la apertura de una causa penal por cohecho, prevaricación y malversación en la que está imputado el propio Plasencia y su socio Ignacio González. Precisamente es esta ramificación de la compañía que posee los alquileres en Parque Bulevar con el caso Teresitas lo que generó gran parte de las críticas y denuncias desde la oposición. Y es que alguna de estas fuerzas políticas considera que el Ayuntamiento está llevando a cabo un trato de favor hacia el empresario y especialmente en unos años caracterizados por la crisis inmobiliaria con lo cual muy difícilmente estos locales podrán ser alquilados de nuevo. Las críticas por la falta de uso de estas oficinas se han convertido en una de las más habituales en la vida política de Santa Cruz y protagonista de agrios debates durante el pasado mandato y lo que ha transcurrido del actual. Justo cuando por fin acababan las obras y se daba vía libre a su uso la oposición decidió unir sus votos para rescindir el contrato. Para el PP, PSC y Ciudadanos la medida supone un ahorro pero para el grupo de gobierno un derroche.
