NOÉ RAMÓN | SANTA CRUZ DE TENERIFE
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha remitido una diligencia al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 con el fin de que se ordene en el plazo "improrrogable" de diez días el cumplimiento voluntario de la sentencia que anuló la operación de privatización de la empresa Emmasa, titular del servicio de aguas en Santa Cruz de Tenerife. La diligencia ha sido remitida ya tanto al Ayuntamiento como al abogado y concejal de Ciudadanos Ángel Isidro Guimerá, quien en su momento interpuso el recurso que fue asumido por el TSJC. Además, este tribunal ha decretado que el fallo es firme y ejecutable.
En teoría, las previsiones eran que se esperaría hasta que el Tribunal Supremo (TS) resolviera sobre el recurso que iba a presentar el Ayuntamiento y que se denomina de Interés de Ley para llevar a cabo su cumplimiento. Un recurso judicial de naturaleza muy extraordinaria. Pero sin embargo, lo dicta minado ahora por la Sala determina que el fallo debe ser ejecutado ya de forma inmediata por el Ayuntamiento.
Dos meses. En caso de que no ocurriera así, entonces tanto Guimerá como cualquier particular o colectivo que se sienta afectado por esta decisión judicial puede exigir su cumplimiento que deberá llevarse a cabo en el plazo de tan sólo dos meses. De esta manera, el panorama al que se enfrentan la compa ñía Sacyr-Vallehermoso, adjudicataria de este servicio y el Ayuntamiento no parece muy halagüeño.
Los primeros, en cuanto que tendrán que abandonar este servicio tan pronto como se ejecute la sentencia y los segundos, por lo elevado de la cantidad que tendrán que desembolsar para indemnizar y liquidar a la empresa adjudicataria y que se sitúa en más de cien millones de euros. Lo cierto es que nadie esperaba que se diera un cumplimiento tan inmediato a este fallo. Ni siquiera sus impulsores, los concejales de Ciudadanos de Santa Cruz, que ahora mantienen un pacto puntual con la mayoría de gobierno. De esta manera, lo que era un logro político y judicial ahora se ha convertido en una difícil papa caliente. No obstante, Guimerá ya ha mostrado su intención de exigir el cumplimiento del fallo. Pero eso sí, primero iba a esperar a que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre el recurso que previsiblemente iba a presentar el Ayuntamiento, lo que tardaría por lo menos seis meses. Ahora, el TSJC ha desvelado que el fallo es firme y debe ser ejecutado de forma inmediata.
La cuenta atrás se inició el viernes
La diligencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ordena la ejecución de la sentencia que anula la privatización de Emmasa fue notificada a las partes el pasado viernes día 23 de octubre. Por lo lo tanto, el plazo "improrrogable" para darle cumplimiento es el próximo 2 de noviembre. La forma en la que este fallo debe ser cumplido parece también despertar discrepancias entre quien lo ganó y el que lo perdió. Así, mientras que para el alcalde, Miguel Zerolo, se trata tan sólo de reparar un fallo "subsanable" en el proceso de privatización, el abogado y concejal de Ciudadanos, Ángel Isidro Guimerá, asegura que se debe volver a la casilla cero de todo el proceso privatizador. O lo que es lo mismo, deberá elaborarse una nueva memoria justificativa sobre la conveniencia de proceder a la privatización del servicio. Ésta tendrá que permanecer en exposición pública para que los vecinos puedan conocer su contenido y presentar las alegaciones que estimen convenientes. Sólo entonces se llevará el proceso de privatización a su votación en pleno, si así lo sigue manteniendo el grupo de gobierno. Y a partir de aquí se deberá convocar un nuevo concurso que concluirá con la nueva adjudicación. Y es que, en realidad, pocas alternativas le restan ya al grupo de gobierno que privatizar este servicio, dada la elevada indemnización que tendrán que abonar a Sacyr-Vallehermoso al rescindir el contrato, lo que sólo se podrá hacer con el nuevo canon. Desde un principio, Guimerá indicó que no se mostraba especialmente orgulloso de que los tribunales le hayan venido a dar la razón sobre todo por el elevado coste que esta decisión supondrá para la ciudad. Por ello, su formación política, Ciudadanos de Santa Cruz, apuesta por llegar a un acuerdo con Sacyr descontando de las cantidades a pagar los cinco años que llevan al frente de Emmasa. Otra propuesta es incrementar el canon en el próximo concurso con el fin de hacer frente también a las indemnizaciones. Lo malo de esta última alternativa es que esta subida con toda probabilidad luego se traducirá en un mayor coste del servicio del agua para los ciudadanos. Para el alcalde, sin embargo, tal y como le han trasladado sus servicios jurídicos, todo lo ocurrido es "subsanable", ya que tan sólo se tiene que solventar la deficiencia procesal detectada por el TSJC, como era que la memoria justificativa no se expuso al público.
