BLANCA SALAZAR | ARONA
El aparejador del Ayuntamiento de Arona Francisco García Hernández abrió ayer la puerta a una nueva imputación por presunta malversación de caudales públicos que podría afectar a varios miembros del gobierno local aronero que habrían consentido que fuera el consistorio el que pagara el IGIC de las obras encomendadas a empresas como Pepe de la Rosa, cuando ése es un impuesto que corresponde abonar a la empresa. Por otra parte, la acusación particular del caso Arona indica que este técnico de la sección de Contratación "ha responsabilizado a los políticos del fraccionamiento de los contratos de obras" llevado a cabo para poder contratarlas a dedo.
Este aparejador que declaró ayer en calidad de imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación, habló de las anomalías en el pago del IGIC a colación de las preguntas que le hizo sobre ese tema la fiscal encargada de este caso que ha llegado a los juzgados, precisamente, a través de una querella interpuesta por ella a raíz de los presuntos delitos de prevaricación continuada y contra la ordenación del territorio que detectó en la concesión de licencias urbanísticas, fraccionamiento y adjudicación de obras a dedo y contratación de personal.
Fuentes consultadas en relación a las anomalías referentes a dicho impuesto señalan que la cuantía de los pagos irregulares de IGIC que habría estado soportando de forma irregular el consistorio aronero "alcanza los niveles de escándalo" porque es una práctica que se ha realizado "durante años, con lo que la cuantía total de la merma económica que han sufrido las arcas municipales con el consentimiento de varios políticos, es más que considerable".
Además, dichas fuentes inciden en que "lo peor" de esa carga que han soportado las arcas municipales de forma irregular y para beneficiar a determinadas empresas "se ha hecho a pesar de las advertencias realizadas por responsables del departamento de Intervención de Fondos".
En relación al fraccionamiento de obras, el letrado de la acusación particular Antonio Espinosa destacó que Paco García declaró "que son los políticos los que deciden, que a él le llegaba todo hecho y que su función era certificar los trabajos ejecutados".
Otras fuentes indican que este técnico también admitió que hay expedientes de obras como las de mejoras en los colegios (casi siempre adjudicadas a Pepe de la Rosa) "que se adjudican directamente, sin que la empresa hiciera ninguna oferta" y que "además de él, otros técnicos como Pablo Estévez también han certificado obras fraccionadas".
Sobre la declaración de la trabajadora de banca y ex compañera sentimental del alcalde, Sandra Correa, Espinosa dijo que "dijo que todo lo que hizo para ella es normal".
En relación al policía Local Sebastián Fuentes, imputado al igual que los dos anteriores por presunta prevaricación y tráfico de influencias, indicó que "negó todo lo que se le imputa".
