Recursos públicos como escopeta contra el PSC

BLANCA SALAZAR - ARONA Aunque es público y notorio que al alcalde y a la mayoría de gobernantes y ex gobernantes aroneros de CC, PP y CCN-CAN imputados en el conocido como caso Arona no les ha sentado nada bien que el portavoz del PSC aronero, Paco García Santamaría, desencadenara ese procedimiento al entregar a Fiscalía numerosa documentación que pone en entredicho el proceder de gobernantes aroneros en materia urbanística y de contratación, lo que no era ni público ni notorio hasta que ha empezado a trascender el contenido del sumario del caso Arona es que el alcalde y Coalición Canaria (CC) de Arona en general han utilizado personal, tiempo y recursos públicos del Ayuntamiento para vengarse de García Santamaría intentando fastidiarle judicialmente a través del portavoz de CC en Adeje, Alfredo Goñi.

En concreto, la información recopilada por la Guardia Civil durante la instrucción del caso Arona, sobre todo a través de conversaciones telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos interceptados a los imputados, destapa cómo el alcalde aronero, José Alberto González (Berto), pone a disposición de CC de Adeje a un integrante del departamento de Protocolo y a una jurista municipal que define como "suya" aunque está pagada con fondos públicos aroneros, al tiempo que utiliza instalaciones municipales para preparar con Goñi una denuncia dirigida a perjudicar al grupo de gobierno adejero y al portavoz del PSC aronero.

Además, para la preparación de esa denuncia que Goñi presenta a Fiscalía, el alcalde y su mano derecha (también imputada en el caso Arona) Sebastián Martín, utilizan el asesoramiento de los abogados que pagan con dinero público para su defensa en el citado caso Arona. Y todo ello sin contar las numerosas y largas conversaciones de teléfono móvil que los aroneros pagan a su alcalde para que éste urda su venganza particular y la de su partido contra un miembro de su oposición y contra el gobierno del vecino municipio de Adeje.

En lo relativo a esa denuncia que CC de Adeje presentó en Fiscalía contra presuntas anomalías cometidas por el gobierno adejero en la contratación del torneo de fútbol Costa Adeje a la empresa Codetusa (a la que está vinculado Paco Santamaría) y en la contratación de personal municipal, consta como en febrero de 2008 Berto le pasó a Goñi un modelo de solicitud a través del que pedir información sobre las contrataciones "a dedo" del consistorio adejero, "posiblemente para abundar en la denuncia de este edil contra el PSOE y a la vez contra Paco Santamaría", deducen los policías. Ese correo también pasa por el departamento aronero de Protocolo y por Sebastián Martín.

En marzo de 2008, el alcalde le pide a Sebastián Martín a través de un mensaje de texto (sms) que "envíe urgente" a Olga (abogada de Madrid que defiende a los primeros ocho políticos aroneros imputados en el caso Arona) las tres denuncias de Paco" refiriéndose "a las denuncias interpuestas por Alfredo Goñi" contra Santamaría y el gobierno adejero. Y en julio de ese año Goñi le explica a González Reverón que "lo único que sabe" de la denuncia que presentó contra Santamaría es que le han dicho que han llamado a declarar a los juristas y no a los políticos, y ambos cuestionan los posibles intereses incluso de Coalición Canarias en que ese tipo de temas no prosperen porque esa denuncia "lo que puede hacer es levantar historias en toros lados que no interesa que se levanten", comentario de Goñi al que Berto responde que "Paulino se lo dijo una vez", en relación al presidente del Gobierno canario.

La investigación también recoge cómo ´la jurista del alcalde´ (que en realidad trabaja para el Ayuntamiento de Arona) sonsaca a personal del consistorio adejero para obtener información y documentos con los que articular la denuncia de Goñi, cómo Berto explota información que conoce de su etapa de directivo en una entidad bancaria ubicada en el casco adejero y cómo éste gestiona la confección e incluso la publicación de notas de prensa como la que su compañero adejero de CC envía a la prensa sobre contrataciones irregulares.

Cuando la Fiscalía archiva las denuncias contra Santamaría y contra pagos por reciclaje (julio de 2008), y tras un intercambio potente de críticas e insultos contra la Fiscalía y Justicia, Berto empieza a gestionar con sus abogados del caso Arona la posibilidad de presentar esa denuncia en los juzgados y, si es posible, en el mismo en el que le juzgan a él "por contrataciones a dedo".

Su otro intento también fallido de que Santamaría fuera imputado ha sido narrar con pelos y señales detalles del expediente de infracción del camping Nauta con la esperanza, como citan los propios policías, de que esas conversaciones fueran interceptadas.