S. GONZÁLEZ (IDEAPRESS) | SANTA CRUZ DE TENERIFE
Ciudadanos de Santa Cruz criti có ayer a través del concejal Ángel Isidro Guimerá al PSC por presentar ante el Pleno del Ayuntamiento el pasado viernes una iniciativa tendente a solicitar al equipo de Gobierno la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en mayo de 2007, que declaraba nula la operación de compraventa de Las Teresitas. Guimerá afirmó que "esa sentencia ya se está ejecutando", a lo que añadió que el competente "es el Tribunal Superior de Justicia de Canarias", reiterando que el Pleno "no puede decir la forma en que debe ejecutarse una sentencia".
El concejal, abogado de profesión, argumentó que la sentencia se encuentra actualmente en ejecución por el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado que se realice una nueva tasación de los terrenos. En dicho peritaje habría que tener en cuenta la aplicación del nuevo deslinde marítimo terrestre, que ha evidenciado que la operación de compraventa entre el Ayuntamiento y la sociedad mercantil Inversiones Las Teresitas incluyó parcelas que ya eran públicas.
Mociones. El PSC ha confirmado que todas las mociones que se dejaron sobre la mesa el pasado viernes, 16 de octubre, después de que los concejales socialistas abandonaran el Pleno, será presentadas nuevamente a la sesión que tendrá lugar el próximo noviembre, con la ejecución de la sentencia del Supremo como iniciativa estrella.
Además, existía acuerdo con la otra fuerza de la oposición, el PP, para sacar adelante la iniciativa, poniendo de manifiesto nuevamente la minoría en que se encuentra el grupo de gobierno formado por CC y CCN tras la ruptura del pacto con los populares. Sin embargo, con las afirmaciones realizadas, Guimerá, se desmarca de lo que en principio pudiera parecer una unanimidad incuestionable entre los partidos de la oposición.
Inversiones Las Teresitas presentó en su momento un incidente de nulidad contra el auto del TSJC en que se dirimía la necesidad de realizar una nueva tasación.
No hay vínculos políticos
Guimerá dio la razón a Miguel Zerolo y a Luis Prieto, secretario del Pleno, al respecto del cruce de valoraciones en torno al respaldo plenario a la rescisión de los locales alquilados en el Bulevar. El también consejero delegado de la Sociedad de Desarrollo afirmó que la decisión "no vincula jurídicamente" a la Junta de Gobierno, de forma que no está obligado por ley a hacer efectiva dicha decisión. Guimerá respaldó las palabras del secretario, aduciendo que muy pocos aspectos son competencia del Pleno, entre ellos la aprobación de las ordenanzas fiscales o de las cuentas del municipio al comienzo de cada ejercicio. Así, "en caso de que el Pleno no aprobase los presupuestos del área de Hacienda, éstos no entrarían nunca en vigor, permaneciendo vigentes los del año anterior", aclaró para establecer una diferencia con lo sucedido el pasado viernes. No obstante, el concejal cree que el alcalde debe hacer caso al resultado de la votación.
