S.G. (IDEAPRESS) | SANTA CRUZ DE TENERIFE
El PSC ha aludido a presuntos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos, respectivamente, para describir la actuación del Ayuntamiento en torno al alquiler de los locales situados en el Parque Bulevar, no usados a pesar de haber generado un gasto cercano a los 450.000 euros hasta el momento y cuyo propietario es el empresario Antonio Plasencia.
Según ha defendido el portavoz de la formación socialista en Santa Cruz, José Ángel Mart´ín, la presunta malversación provendría del gasto, a favor de manos privadas, en el alquiler de unos locales durante casi cuatro años – se cumplen el próximo diciembre – sin que se diera uso alguno a aquellos. Martín atisba también un ejercicio de presunta prevaricación por el hecho de que no se ha rescindido "un contrato perjudicial para el Ayuntamiento a sabiendas de que es perjudicial para el Ayuntamiento".
Competencia. Tales argumentos son desligados por los socialistas del hecho de que Miguel Zerolo, alcalde de la ciudad, pusiera en duda el pasado viernes la competencia del Pleno para tomar la decisión de rescindir el contrato con Inversiones Parque, propietaria de las oficinas.
Dicha circunstancia aparece también reflejada en el escrito que en los próximos días será presentado ante la Fiscalía Anticorrupción, aunque la cúpula local del PSC centró su discurso en los dos primeros supuestos, pese a que tampoco aparecen nombrados expresamente en la descripción de hechos que se presentará ante María Farnés. "Será la fiscal al que valore y decida si son hechos susceptibles de ser recogidos en una querella o no", apuntó. Martín ha reiterado que los servicios jurídicos del PSC han asegurado que desde el momento en que se da pie a la adopción de una cuerdo plenario colocándolo en el orden del día, éste es inmediatamente ejecutable. Tal consideración incide en lo descrito por Pedro Lasso en los micrófonos de Radio Club Tenerife. El experto jurista y analista político afirmó el lunes que el Pleno no tiene la competencia para decidir la rescisión, si bien calificó como un "error" haber incluido en el orden del día un asunto cuya competencia no es del citado órgano. El hecho de que la empresa benefactora del contrato sea propiedad de Plasencia, imputado en el caso Las Teresitas, fue objeto de crítica aludiendo irónicamente a una "casualidad".
Pliegos incumplidos
Marián Franquet, concejal socialista, aludió también a las condiciones en que se sustenta el alquiler de los polémicos locales. Recordó que el motivo de que en su día se convocara un concurso público fue la ubicación de la recaudación ejecutiva, cuya gestión había sido recuperada por el consistorio después de años cedida a una empresa privada. La concejal se hizo eco de lo recogido en aquellos pliegos, en los que se apuntaba la cercanía a la sede principal del Ayuntamiento a las sedes de las principales entidades financieras que operan en Santa Cruz de Tenerife. A principios del presente año, las oficinas de la recaudación ejecutiva abrieron sus puertas en el Instituto García Cabrera de Ofra, mucho más alejadas de la Casa de los Dragos y de los principales bancos capitalinos que las oficinas del Bulevar. "Hoy ya no es necesaria la cercanía", ironizó Franquet. El PSC considera que tal aspecto constituye una vulneración de aquellos pliegos elaborados ad hoc para la ubicación de la recaudación ejecutiva, toda vez que en noviembre de 2005 la Junta Local acordó, respaldada por un acuerdo plenario, la necesidad de contar con unas oficinas para tal efecto. A aquel concurso se presentaron seis empresas, de las cuales sólo la ganadora cumplió con los requisitos establecidos, si bien el portavoz socialista José Ángel Martín negó que de sus palabras pudiera deducirse que los pliegos fueran redactados en su momento expresamente para ser concedidos a Plasencia. Lo cierto es que desde hace años se han venido repitiendo las críticas de la oposición por el alquiler de estas oficinas sin ningún uso.
