NOÉ RAMÓN | SANTA CRUZ DE TENERIFE
La Cooperativa Hespérides tiene ya decidida la presentación de un recurso ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Defensa, al que reclama 8 millones de euros. Esta Cooperativa tuvo que desembolsar dicha cantidad en su momento a los nuevos propietarios de los terrenos de Hoya Fría (Santa Cruz), la familia Rodríguez López, después de que una sentencia del Tribunal Supremo (TS) del año 2007 reconociese la propiedad de sus terrenos que abarcan 175.000 metros cuadrados.
Previamente, este solar había sido vendido por el Ministerio a la Cooperativa, con lo cual éstos tuvieron que pagar dos veces por ocupar el mismo suelo; en la segunda ocasión, para poder contar con la licencia de primera ocupación.
La Cooperativa estaba a la espera de que el Ministerio de Defensa les trasladara su posición oficial, un plazo que oficialmente expiró el pasado 14 de septiembre. A partir de aquí, y salvo comunicaciones de última hora, no quedará más remedio que recurrir ante la Audiencia Nacional.
Gastos. El abogado de la Cooperativa, Pedro Ravina, dijo que están abiertos a entablar una negociación con el Gobierno central para cubrir los gastos que han tenido que desembolsar para poder ocupar estas viviendas. En su momento dirigieron un escrito a la ministra de Defensa, Carmen Chacón, con el fin de informarle sobre sus peticiones. Un escrito que no ha obtenido ningún tipo de respuesta.
Ravina esperaba que con motivo de la visita relámpago que realizó a mitad de este mes a la Isla la directora general de Infraestructuras, Mónica Melles, para cerrar el convenio de arrendamiento con la familia Rodríguez López, se pudiera tener una conversación para sondear las intenciones del Ministerio. Pero no ha sido así.
Por ello, estos cooperativistas tienen claro que ya sólo les queda recurrir a los tribunales para defender sus derechos. No dudan de que la resolución judicial será favorable a sus intereses ya que tras la sentencia del Supremo ha quedado acreditado que el Ministerio vendió unos terrenos que no eran suyos, lo que les ha causado un evidente perjuicio.
Esta Cooperativa ha dado como plazo el mes de octubre para interponer finalmente el recurso ante la Audiencia Nacional, pero tienen bastante claro que tendrán que ser los tribunales los que digan la última palabra en este asunto ante la falta de interés negociador por parte del Ministerio.
Consideran los propietarios que Defensa ha incurrido en una clara responsabilidad patrimonial al haberles vendido en el año 1997 por 250 millones de pesetas unos terrenos con cargas y gravámenes que después los tribunales certificaron que no eran suyos. Diez años más tarde tuvieron que pagar a los nuevos propietarios por el mismo concepto. Ocupar una parcela idéntica con el fin de poder vivir en sus casas.
La "recompra" de estos terrenos supuso un costo adicional por cada una de las 115 unidades de 70.500 euros. Hace un año la Cooperativa inició el expediente de Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Pública. También recurrieron ante el Tribunal Constitucional, pero finalmente tuvieron que desistir de esta vía con el fin de llegar a un acuerdo con los nuevos dueños.
El convenio se firma el viernes
El convenio entre el Ministerio de Defensa y la familia Rodríguez López para concretar el arrendamiento de 300.000 metros cuadrados de terrenos en Hoya Fría, que permitirá la continuidad del acuartelamiento durante cinco años, se podrá firmar el próximo viernes. Al mismo asistirá el secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez Martínez. El contrato ya ha sido perfilado y lo único que no ha trascendido a la opinión pública es cuánto pagará el Ministerio por esta ocupación. De esta manera, se acaba un largo contencioso surgido después de que en el año 2007 el Tribunal Supremo dictaminase que estos terrenos eran propiedad de la familia Rodríguez López y no del Ministerio. El Gobierno central intentó a principios de verano proceder a la expropiación forzosa e incluso llegó a poner en información pública el expediente pero finalmente desistió de esta vía ante las nulas posibilidades de que fuera legal. En el contrato que se firmará se deja claro que transcurrido el plazo de cuatro años, prorrogable a uno más, el suelo será revertido a estos propietarios sin mayores dilaciones.
REDUCIR TEXTO »
