N.R. | SANTA CRUZ DE TENERIFE
El Partido Socialista Canario-PSOE y el Partido Popular (PP) coinciden de nuevo y esta vez en tender la mano a Coalición Canaria (CC) para intentar consensuar una solución para la difícil situación en la que se encuentra la empresa que gestiona el servicio del agua, Emmasa, después de la sentencia que anuló su privatización.
El objetivo es lograr una salida que sea lo menos gravosa posible para las arcas municipales que pueden enfrentarse a pagar alrededor de cien millones de euros a la actual concesionaria Sacyr-Vallehermoso.
El PP, en boca de su portavoz adjunto, Jaime Hernández Abad, ha creado ya una comisión de trabajo formada por letrados, economistas y técnicos que intentarán elaborar la mejor propuesta posible para ofrecer una alternativa a esta situación que se atisba más que complicada. El PP dice que siguen siendo partidarios de externacionalizar el servicio de agua, pero también matizan que lo importante es dar cumplimiento a la sentencia que obliga a retrotraer todo el proceso hasta su origen antes de la adjudicación y además, en caso de que se vuelva a privatizar, "hacerlo bien y no como ahora".
Indemnizaciones. Hernández-Abad consideró que el problema económico que supone hacer frente a las indemnizaciones puede llegar a ser el de mayor envergadura de toda la historia de la ciudad, ya que asciende a la mitad del presupuesto de la ciudad.
A ello hay que sumar los cinco millones que se han tenido que aportar para pagar a la empresa OHL tras la rescisión de contrato de Las Teresitas. Hernández-Abad recordó que "durante estos dos años, el Partido Popular ha saneado las cuentas del Ayuntamiento, ya que Ángel Llanos, portavoz del PP, se encontró en 2007 con más de 90 millones de euros de deuda con proveedores, pero situó a la ciudad con el músculo financiero suficiente para hacer frente a cualquier imprevisto, aplicando austeridad a los presupuestos e incrementó las partidas a los servicios sociales".
Poco después era el secretario de la Agrupación local del PSOE, José Manuel Corrales, junto con el portavoz del grupo municipal, José Ángel Martín, los que ofrecían una rueda de prensa para tender también la mano al alcalde, Miguel Zerolo, a fin de encontrar una solución a un problema que calificaron de "otro bufo más".
Recordó Corrales que desde un principio se mostraron en contra del proceso de privatización de Emmasa, a favor de que siguiera siendo público y señaló que el mismo iba a afectar negativamente a calidad del servicio que se presta a los ciudadanos. Indicó que tan sólo en los últimos diez años, de los cuales la mitad esta prestación ha estado en manos de Sacyr-Vallehermoso, las tarifas del agua se han incrementado en un cuarenta y cinco por ciento, muy por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC).
Corrales dijo que ante la última sentencia, "ya no le cabe al alcalde apelar a una conspiración judeomasónica promovida por el sector estalinista del PSOE porque el que ha resuelto es el máximo tribunal canario, un órgano independiente que se pronuncia dándole la razón al grupo nacionalista que ahora está en su gobierno".
En sentido parecido se pronunció el portavoz del grupo municipal quien dijo que en la tramitación de este expediente se reprodujo lo ocurrido con el de Las Teresitas. O lo que es lo mismo se redactó a una prisa inusitada y por el camino quedó un funcionario que se opuso a su contenido.
Las prisas por sacar adelante estos expedientes, sin embargo, no tuvieron nada que ver con atender al interés general de los ciudadanos, matiza el portavoz socialista, sino más bien en llevar a cabo actuaciones que luego la justicia ha demostrado que no eran ajustadas a derecho.
En definitiva, el PSC dice que están dispuestos a sentarse en una mesa con las demás formaciones políticas y el grupo de gobierno a fin de intentar encontrar una salida a esta situación, todo ello con el fin de que los ciudadanos "salgan lo más beneficiados posibles". En cualquier caso, las reuniones serían lo más transparentes posibles y cumpliendo siempre la sentencia.
El papel de Guimerá
la opinión
El concejal del Partido Popular (PP) Juan Manuel Brito Arceo expuso ayer que "las repercusiones económicas de esta sentencia acarrea responsabilidades políticas, ya que no nos olvidemos que Ángel Isidro Guimerá fue el autor del recurso contra el acuerdo del Ayuntamiento; es decir, el consejero-delegado de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife ha tumbado la privatización del servicio del agua de Santa Cruz de Tenerife". Según el concejal del PP, "estamos ante un caso único en España, ya que el titular de la empresa pública municipal encargada de mejorar la economía de la ciudad, ha conseguido que la ciudad se arriesgue a tener que pagar cien millones de euros de indemnización". "En cualquier lugar del mundo – reflexionó Brito Arceo – esto hubiera supuesto que el señor Guimerá estaría de patitas en la calle inmediatamente, pero aquí el alcalde, Miguel Zerolo, lo mantiene para sobrevivir ante la crisis política que ha generado", señaló por último el edil del PP.
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