N.R. | SANTA CRUZ DE TENERIFE
La fiscal Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés, parece interesada en investigar algunas contrataciones concretas llevadas a cabo por el grupo de gobierno encabezado por el alcalde, Miguel Zerolo, como son las obras de reforma del Instituto García Cabrera en Ofra, que alberga actualmente las instalaciones municipales y en las que se han llegado a gastar 8,4 millones de euros, pese a que fue adjudicada a la empresa API-Imes como una obra menor.
Pero las sospechas de que se puede haber incurrido también en algún tipo de favoritismo planea sobre el conocido como Plan E. Un grupo de actuaciones financiadas por el Gobierno central para intentar paliar los efectos de la crisis económica. En este caso, se trataban de cuarenta millones de euros repartidos entre medio centenar de actuaciones que recayeron en gran parte en manos de empresas como Fronpeca, Dragados o Volconsa.
La concejal del grupo Popular Sheila Trujillo fue llamada ayer a declarar por parte de la fiscal después de que la ex concejal del grupo nacionalista, Odalys Padrón, pusiera en su conocimiento el cruce de acusaciones públicas entre el PP y Coalición Canaria (CC) de haber cometido favoritismo en las adjudicaciones.
Prevaricación. Los denunciantes consideraban que de aquellos comunicados podrían desprenderse sendos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y "aquellos otros que por conexión resulten". Trujillo apuntaba directamente al actual concejal de Vías y Obras, Norberto Plasencia, y al anterior responsable de Urbanismo, Manuel Parejo. Trujillo apenas permaneció veinte minutos declarando ante la Fiscal dado que se trata de diligencias previas y apenas se ha comenzado a investigar. La concejal se negó en redondo a hacer cualquier tipo de declaración al considerar que el asunto "es grave". En el comunicado del PP se aconsejaba al alcalde, Miguel Zerolo, que poco antes los había expulsado del grupo de gobierno, que si estaba dispuesto a investigar los contratos realizados por el Ayuntamiento con determinadas empresas durante estos dos años, "no se olvide de los efectuados por Plasencia y Parejo".
Trujillo dejaba en el aire que sus compañeros "han facturado muchos millones de euros con una única empresa en decenas de contratos directos durante los últimos años". A pesar de ello, el PP manifestaba que "no dudamos de la legalidad de las actuaciones, en especial de todas aquellas que han contado con el informe favorable de la Intervención General del Ayuntamiento". Dado el poco tiempo de comparecencia se supone que en principio la fiscal se ha limitado a pedir a Trujillo que certifique si es cierto lo que aparece en ese comunicado y poco más.
También ha sido llamada a declarar la vicepresidenta del comité local de Coalición Canaria (CC) en Santa Cruz, Carmen Delia Alberto quien había terciado en esta discusión apuntando hacia el PP como los responsables de haber llevado a cabo contrataciones irregulares durante los dos años que permanecieron en el gobierno municipal.
El grupo de ciudadanos denunciantes piden a la Fiscalía que requiera mediante oficio los expedientes de contratación tramitados por las áreas de gobierno que han llevado durante los últimos años ambos concejales "y todos aquellos en los que hayan tenido algún tipo de intervención". Otro tanto ocurriría con los de Manuel Parejo desde los años 2004 hasta ahora, así como los correspondientes a las áreas que ha gestionado el Partido Popular en esta parte del mandato.
AUMENTAR TEXTO »
REDUCIR TEXTO »
