El caso Arona descubre una trama de CC contra el PSC

BLANCA SALAZAR | ARONA El sumario judicial del conocido como caso Arona recoge una trama urdida por varios políticos de Coalición Canaria (CC) de Arona con el propósito de involucrar a los ediles de la oposición socialista en la concesión de licencias urbanísticas irregulares y, de esa forma, restar fuerza a la acusación que mantiene la fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo contra los gobernantes que formaban parte de la Junta de Gobierno aronera entre 2003 y 2007.

Según las conversaciones telefónicas recogidas en dicho sumario, esa trama que recuerda al relato de una novela negra, fue concebida por Olga López Lago, la abogada afincada en Madrid que representa a los gobernantes y ex gobernantes aroneros imputados en este proceso (la mayoría de ellos de CC, aunque también hay imputados del Centro de Arona y del Partido Popular).
El ex gobernante imputado de CC Sebastián Martín (que se perfila a través del sumario con un poder en la sombra), el alcalde, José Alberto González, y el edil de Urbanismo, Antonio Sosa, aparecen en las escuchas telefónicas como los principales orquestadores de esa trampa que se complementó con la participación de conocidos empresarios (el más citado Pedro Suárez) que apadrinaron varias reuniones entre políticos de CC y PSC para intentar desbloquear la concesión de licencias. En esas reuniones organizadas por intermediarios que actuaban como casamenteros entre denunciantes socialistas y denunciados nacionalistas (como el Guardia Civil imputado José Rodríguez), se intentaba que los políticos de uno y otro bando firmaran la pipa de la paz para que sus guerrillas políticas no perjudicaran a la economía (o sea, a los empresarios).

Socialistas como Paco García Santamaría practicamente se dejaron seducir por ese pacto de ´política responsable´ que no perjudicara a la economía (edil de la oposición aronera acribillado por las críticas de parte de partido, entre ellos miembros de su ejecutiva local y alcaldes del Sur, al haber sido quien desencadenó la denuncia que puso la Fiscalía contra los gobernantes aroneros).
Aprovechando esa debilidad de Santamaría, Sebastián Martín, González Reverón y Sosa intentaron involucrar a su grupo en la concesión de licencias con reparos de legalidad, loc cual, según les decía su abogada de Madrid, pasaba por aprobar las licencias en pleno municipal para darle oficialidad a la participación del PSOE.

Pero según explicó por teléfono Sebastián Martín, "el flaco" (como llama al edil del PSC José Antonio Reverón) les echó el plan por tierra al negarse a participar en la concesión de licencias.