Un ´error´ de Perrault causó que se ocupara suelo público

NOÉ RAMÓN | SANTA CRUZ DE TENERIFE La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) ha elaborado un informe a petición de la titular del Juzgado número 2, Juana María Hernández, que contiene entre sus conclusiones más llamativas que la invasión en siete metros del edificio de aparcamientos y centro comercial de Las Teresitas (en la capital), conocido como mamotreto, se debió a un error del arquitecto, Dominique Perrault, y del Plan General de Ordenación (PGO).

El informe ha sido redactado por los técnicos del Apmun, Carlos Lamas y Carlos González, que en su momento declararon como testigos dentro del llamado caso mamotreto. Este organismo, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno de Canarias, actuó a principios del año 2008 después de que la presidenta de Amigos de la Playa de Las Teresitas, Dolores Jutta Rebrow, denunciara que las obras estaba afectando a la servidumbre de protección. En este informe, que fue solicitado en tres ocasiones por la titular del Juzgado, se indica que efectivamente el mamotreto una vez acabado iba a ocupar dominio público.

De las conclusiones del documento no sale siempre bien parada la Gerencia de Urbanismo, pese a que no se le culpa de incumplimientos en lo que se refiere al proyecto original y a su modificado, que dio lugar a la construcción de una planta más bajo rasante en el edificio de aparcamientos. Igualmente cumpliría en cuanto a los usos que fundamentalmente son los terciarios.

Exceso de edificabilidad. Sin embargo, los técnicos del Apmun se confiesan incapaces de determinar la superficie actualmente edificada en el mamotreto, tal y como les exigió el Juzgado. Y es así, basándose en la documentación aportada por el Ayuntamiento, donde se indica que la superficie de la parcela es de casi 4.000 metros cuadrados, pero al aplicar el coeficiente de edificabilidad daría otra de casi 3.000, "que no está justificada en el proyecto", donde sí aparecen casi 8.000 para parking y 1.500 para locales comerciales, lo que daría una superficie total de casi 10.000 metros cuadrados. Todo ello, según los arquitectos consultados, implica que se ha superado en más de 7.000 metros cuadrados la edificabilidad permitida. En cualquier caso Medio Ambiente ya ha pedido al Ayuntamiento de la capital que le aclare este extremo.

En el mes de mayo de este año, y a requerimientos del Juzgado, el Apmun presentó otro informe para determinar si eran ciertas las denuncias de que durante las obras se habían producido, movimiento de tierra y acopio de las mismas en la zona de servidumbre de protección. Las denuncias interpuestas por Amigos de Las Teresitas resultaron ser ciertas y así los técnicos del Gobierno de Canarias comprobaron que las obras de acopio ocupaban tanto el domino público como la servidumbre de protección. Otro tanto ocurría con los vertidos realizados.

En este informe es cuando se pudo determinar que el mamotreto invadía en siete metros, aunque el principio se calculó erróneamente que eran cuatro, la zona de servidumbre frente a las casetas de la Cofradía de Pescadores. Por lo tanto este informe determinó que efectivamente eran ciertas las dos denuncias, las que se referían a que tanto los acopios, el centro comercial y edificio de aparcamientos invadía la servidumbre de protección y lo más importante de todo ello, sin contar con la preceptiva autorización.

Los técnicos del Apmun hicieron llegar también el informe que se refiere a la inspección llevada a cabo a finales del año 2008 a la playa, con una secuencia fotográfica incluida, y que vendría a demostrar que las denuncias del colectivo ciudadano eran ciertas. En cuanto a la autorización, aunque el consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, ha asegurado que ya se ha dado, en el mes de mayo sólo constaba que se estaba tramitando.

Final de playa

Otra de las patas del caso mamotreto es todo lo que rodea a la construcción que se sitúa al final de la playa, donde estaba previsto ubicar una plaza mirador, con una planta construida bajo tierra y un graderío en la ladera de la montaña. Ambas actuaciones también se enmarcan plenamente en suelo de dominio público tanto según el deslinde del año 1961 como por el actual que data de principios de este año. El uso de estos edificios no está definido y simplemente se esconde bajo el epígrafe de que se determinará "en futuras intervenciones". En cuanto a la ordenación urbanística de este ámbito, se apunta que se ajusta "sustancialmente" a lo recogido en la modificación del Plan General de Ordenación PGO) actualmente en tramitación. Así lo indicó también el técnico de la Gerencia de Urbanismo, Epifanio Gómez, imputado igualmente en esta causa y quien declaró en el mes de julio por estos motivos. Los técnicos del Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) consideran que no hay "contradicciones ni disonancias" entre las condiciones particulares del ámbito donde se construye el mamotreto y los parámetros de aprovechamiento del mismo y su aplicación con el edificio ya construido. Hasta estos momentos han declarado el ex concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, la actual, Luz Reverón, los técnicos del Apmun y de Urbanismo.