El Parque Marítimo se estanca en los tribunales

SAMUEL GONZÁLEZ (IDEAPRESS) | SANTA CRUZ DE TENERIFE
El esperado acto de desahucio de la empresa que explota las instalaciones del Parque Marítimo César Manrique no ha acabado de dar más luz a su posible apertura, tal y como han venido apuntando durante las últimas semanas las partes implicadas. La disposición de las piscinas para el disfrute de los ciudadanos sigue estando en el aire. A falta de sentencia, toda vez que ayer hubo una exposición de motivos de ambas partes, la concesionaria –y demandante– Parque Marítimo SA y la arrendataria mostraron su disparidad de criterios en las cantidades adeudadas y en si el impago se puede considerar deuda.
Pero la incertidumbre, más allá de lo que determine la jueza, respecto al desahucio es mayor, por cuanto el abogado de la arrendataria, Juan Riquelme, afirmó ayer al finalizar el acto que Santa Cruz Park ha solicitado un juicio de acumulación.
La estrategia consiste en que sea la vía mercantil – y no la civil, en la que tuvo lugar el acto de ayer – quien determine si existe realmente la deuda de Santa Cruz Park Tenerife SL con la concesionaria, formada al 50% por el Ayuntamiento y Puertos, propietaria de los terrenos.
Durante su alegato, Riquelme sostuvo que, si bien existe un impago del canon anual fijado, éste se debe a la imposibilidad de desarrollar en su totalidad los supuestos contenidos en el objeto de la concesión y del contrato de arrendamiento, defendiendo que los eventos se han prohibido de forma irregular, de ahí su demanda ante el juzgado de lo mercantil.
No obstante, la jueza dejó claro hasta en tres ocasiones durante la media hora escasa que se prolongó el juicio que la pertinencia o no de reclamar la deuda no era objeto del desahucio.
Pese a ello hubo respuesta de parte de la concesionaria. Como matiz, Ignacio Acha, su representante legal, introdujo que la petición de un juicio de acumulación en la vía mercantil no se ha planteado durante el primer semestre del año, ya que la demanda de desahucio fue presentada el 23 de enero de este año. Ni siquiera, argumentaron, cuando el pasado 14 de abril estaba prevista inicialmente la vista de desahucio.
Además, Felipe Campos, abogado y principal denunciante, defendió que lo planteado por la arrendataria acerca del juicio de acumulación es "inviable" y que habrá sentencia esta semana en la vía civil, aunque el lanzamiento se fijará en septiembre u octubre. Más allá de considerar el desahucio "un hecho", Campos calificó de "lamentable circo" el acto de ayer. "La jueza se tendría que haber declarado incompetente", afirmó, reiterando que "sólo la vía administrativa" podría permitir recuperar la explotación "en cuestión de días".

Reconocimiento. La representación legal de la concesionaria presentó ante la jueza una nueva prueba, que fue aceptada, de la existencia y reconocimiento de la deuda por parte de la arrendataria. Dicho documento es la relación de acreedores de Santa Cruz Park Tenerife SL existentes en el momento en que la empresa de Luis Gil decidió acogerse al concurso de acreedores.
Según recoge, se reconoce una deuda valorada en 445.525,15 euros, cantidad que coincide con la exigida por Parque Marítimo SL, desde que la arrendataria dejara de pagar, en el segundo trimestre de 2008.
Las cifras de lo adeudado son también, no obstante, objeto de disputa entre las partes. Según la arrendataria, existen algunas condiciones que incrementan la base de partida del canon anual cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por la demandante, Parque Marítimo SA.
Juan Riquelme matizó además que el canon se divide en dos conceptos. Cifró el de piscinas en 48.822,35 – trimestrales, en ningún caso expresó un cálculo del total – euros de partida, a partir de que se calculan los incrementos. A esa cantidad habría que sumar, también cada tres meses, 12945,5 euros por el parking aledaño.
Aún dictándose sentencia en esta semana –agosto es inhábil– la posibilidad de que Santa Cruz Park abra las piscinas es escasa, tal y como reconoció el propio Riquelme, toda vez que habría que proponer una fecha para el lanzamiento, que no tendrá lugar antes de septiembre. Además, bajo una administración concursal, situación en la que se encuentra la arrendataria del Parque Marítimo, es posible efectuar el pago de la deuda hasta la fecha del lanzamiento, lo que obstaculiza una expulsión inminente.

Otro varapalo a Gil de la concesionaria
Más allá de lo sucedido ayer, Parque Marítimo SA ha dado otro varapalo a Luis Gil al rechazar una serie de peticiones realizadas por éste a través de sendos escritos remitidos con fecha 29 de junio. El Consejo de Administración del Parque Marítimo acordó el pasado 14 de julio desestimar las siete peticiones expuestas. Tras cifrar en 563.516, 26 euros el déficit generado por la explotación, el empresario vasco solicita en el primero de esos escritos "aminorar las rentas en un 90%", "ejecutar las obras necesarias para adecuar las piscinas a la normativa vigente" y "la aprobación por el Consejo de las obras menores". En la segunda misiva, Santa Cruz Park Tenerife plantea "el fraccionamiento de las rentas para ser satisfecho en 12 meses sin aval", el comienzo de las obras pasado el verano y la suspensión del pago del canon durante su duración, una prórroga de cinco años en el contrato y una regularización sobre la autorización de los eventos. El secretario del Consejo, Pedro Doblado, quien estuvo presente ayer en el acto de desahucio pero declinó realizar valoraciones sobre lo acontecido, determinó que las peticiones expresadas por Gil no pueden ser aceptadas por cuanto una de ellas supone eximirle de presentar "garantía suficiente de las rentas adeudadas". Las obras de los locales son incluidas por la arrendataria como parte del desarrollo del concepto de restauración, reflejado así en el objeto de la concesión, junto al de piscinas. A las negativas en las solicitudes de licencias para celebrar eventos desde el pasado año por parte de la Gerencia de Urbanismo se une hora la negativa de la Sociedad Parque Marítimo para permitir las obras en los locales interiores en los que se pretende desarrollar la actividad de restauración, en el doble contenido de "eventos y restauración", explicó Riquelme., quien aportó además sendos documentos en los que constan las inspecciones realizadas acerca de las piscinas por el Servicio Canario de Salud. Con fecha de julio de 2007, el primero, y agosto del pasado año, el segundo, se insta a la adecuación "inmediata" a la normativa aprobada en 2005. Según ha afirmado el presidente de Autoridad Portuaria, Pedro Rodríguez Zaragoza, los trabajos de adecuación comenzarían en enero del próximo año, de ahí que se haya barajado la idea de una concesión temporal de las piscinas – no para realizar eventos – si el desahucio se hacía efectivo. Con arreglo a lo sucedido ayer, lo único que parece cierto es que se debilita la posibilidad de que prospere la oferta d el nuevo consejero delegado de la Sociedad de Desarrollo para que fuera la empresa municipal la que gestionara la instalación de Cabo Llanos desde el próximo 1 de agosto.