San Pío exige al consistorio que detenga la degradación

SAMUEL GONZÁLEZ (IDEAPRESS) | SANTA CRUZ DE TENERIFE
La situación de las 108 viviendas de San Pío, lejos de solventarse, empeora, toda vez que ve como la deuda se acumula desde hace ocho años, cuando fueron entregadas por el Ayuntamiento en régimen de alquiler –son viviendas de protección oficial–, producto del impago de la mantenimiento de la comunidad.
Según afirmó la presidenta de la comunidad de vecinos la cantidad impagada supera ya los 40.000 euros, lo cual ha imposibilitado el mantenimiento de las zonas comunes. "Ahora mismo no tenemos ni seiscientos euros en la cuenta y así es imposible afrontar las mejoras", denunció.
Así lo ratificó ayer, en representación de una parte mínima de los vecinos, los que sí afrontan los 26 euros mensuales estipulados en tal concepto. "Ahora que empezamos a salir en los medios han empezado a pagar algunos, pero los que no pagan habrán bajado a unos 70", afirmó Calduch, que a principio de año llegó a devolver las llaves de la comunidad al Ayuntamiento capitalino.
Tanto Calduch como el representante legal de los vecinos, José Luis Langa, afirmaron que el gerente de Viviendas Municipales, Jesús Villodre, "hace lo que puede, pero se encuentra con dificultades burocráticas porque necesita de otras áreas".
En reuniones mantenidas hace casi dos meses, Villodre se comprometió con Calduch en que si la situación no revertía, la Sociedad de Viviendas Municipales desahuciaría a los morosos, algo que hasta el momento no se ha producido.

El total de la deuda contraída. Con arreglo a aquel acuerdo, el Ayuntamiento se comprometió a obligar a los deudores a abonar no sólo las cuantías del alquiler en adelante, sino también el total de la deuda contraída durante los últimos ocho años. "Si tienen que desahuciar que lo hagan porque nosotros queremos vivir con tranquilidad", solicitó Claduch, quien afirmó que lleva tres años tocando las puertas de los responsables políticos.
Si bien esto no ha sucedido, tampoco el Ayuntamiento se ha hecho cargo de los desperfectos originados por el vandalismo que se concentra en torno a este espacio. "Por allí no ha aparecido al Policía Local, ni se ha mejorado la situación de la falta de limpieza", reivindicó Langa.
El acuerdo implica también que en caso de que algún inquilino sí lograra certificar ante Viviendas Municipales la imposibilidad para afrontar el pago del alquiler y la comunidad, entonces la administración municipal se haría cargo de aquél. La cantidad mensual es de 36,8 euros sumando los 26 euros de comunidad y los 10,8 de alquiler, cantidad ésta última que va a aparar a viviendas municipales. "Las casas son del Ayuntamiento aún, así que deben hacerse cargo", exigió la presidenta de la comunidad.

Un caos "parecido al Bronx"
"Si pasan por allí verán que parece el Bronx". Ésa fue la afirmación de José Luis Langa para trasladar la gravedad del caso. La comunidad de vecinos ni siquiera tiene en estos momentos el seguro al día. Además, la deuda provoca falta de agua y luz en las zonas comunes, y adeuda también importantes cantidades a la empresa instaladora de los ascensores. No en vano la cantidad total de vecinos residentes es cercana a los seiscientos. Otros desperfectos son la rotura de cristales en los portales, porteros quemados, falta de puertas. Calduch solicitó que dicha problemática sea afrontada por Viviendas Municipales, al menos hasta que la nueva dinámica de la comunidad generase los ingresos para afrontar tales arreglos, algo que, por otra parte, no se ha producido. "Quiero una solución a largo plazo, no pan para hoy", advirtió Nuria Calduch. El representante legal de los vecinos denunció que los impagos se producen "más pro falta de voluntad que por imposibilidad de afrontar ese gasto".