PEDRO H. MURILLO | LA OROTAVA
El Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Icod de los Vinos remitirán al Juzgado de Instrucción Número 1 de la Ciudad del Drago un escrito en donde se "solicita" a la juez que instruye el caso de las empresas de desguaces de vehículos y extracción de áridos de El Riquel que retire los precintos cautelares impuestos. Fuentes informadas han asegurado a La Opinión de Tenerife que el citado documento será entregado por el abogado de las cinco industrias afectadas por los cierres, Juan Manuel Fernández del Torco, y que las administraciones esperan que la juez recapacite y levante las suspensiones hasta que se puedan reubicar las empresas en otro lugar.
La petición viene motivada por la alarma social desencadenada tras la ejecución del auto judicial dictado por el citado juzgado el pasado cinco de junio, en virtud del cual se ordenaba el precinto y cierre de las industrias radicadas en Riquel como medida cautelar, al encontrarse indicios de delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio y del medio ambiente.
Buena voluntad. Al respecto, el alcalde de Icod de los Vinos, Diego Afonso, señaló que el objetivo del documento es intentar desbloquear el conflicto y dar respuesta a las personas que no pueden acceder a sus puestos de trabajo. "La juez tiene que ver que existe una voluntad por parte de los empresarios de El Riquel en relación a la limpieza, rehabilitación y reacondicionamiento de la zona", señaló el alcalde quien recordó que se sigue trabajando para reubicar las industrias. Esta nueva localización se llevaría a cabo en el polígono de las Almenas, si bien desde el consistorio se advierte que será un proceso largo.
Anuncio de movilizaciones
Los representantes de las cinco empresas afectadas por los precintos judiciales de El Riquel se encuentran a la espera del envío por parte del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Icod de los Vinos de la solicitud a la juez que instruye en caso en el Juzgado de Instrucción Número 1 de la localidad. En el caso de que esta medida fracase, los empresarios han anunciado nuevas movilizaciones para pedir el levantamiento cautelar de los precintos, pero esta vez las concentraciones de realizarán frente al Cabildo de Tenerife. Del mismo modo, los empresarios han recurrido a la Audiencia Provincial después de que el Ministerio Fiscal resolviera desestimar el recurso presentado en primera instancia contra los cierres. El fiscal en su resolución asevera que en los informes emitidos por el Seprona se indica que "la actividades que se ejecutan en la zona son clandestinas e ilegales, no contando las empresas con ningún tipo de autorización" por lo que no procede levantar el precinto.