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Puerto de la Cruz

La Cofradía no se abre

 

La negativa del gobierno municipal de entregar las llaves del nuevo edificio de la Cofradía a los pescadores suscitó un conflicto en el que se vio envuelta la responsable de la Consejería de Pesca, Pilar Merino.

PEDRO. H. MURILLO | LA OROTAVA El espectáculo vivido frente al nuevo inmueble de la Cofradía de Pescadores de Puerto de la Cruz sólo se puede denominar como lamentable. Lo que estaba previsto para la jornada de ayer era el acto de entrega de llaves del nuevo inmueble de la Cofradía por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias a sus futuros usuarios, los pescadores. Sin embargo, la negativa del grupo de gobierno del PSC y la advertencia de la primera de teniente de alcalde, María Jesús Ferrer, de que si los pescadores ingresaban al recinto propiedad municipal estarían cometiendo un allanamiento desató las iras de más de cien miembros de la Cofradía del Gran Poder de Dios de Puerto de la Cruz. Fue un día de cólera y de incertidumbre, que comenzó a las 14:30 horas, cuando el presidente de la Cofradía, Carlos Carrillo, acompañado por un centenar de pescadores, esperaba impaciente la llegada de la consejera de Pesca, Pilar Merino.
Tras unos minutos de incertidumbre y nerviosismo, Merino llegó a las 15:30 horas para encontrarse las puertas cerradas del inmueble.
La propia consejera entregó a principios de la pasada semana las llaves a la alcaldesa portuense, Dolores Padrón, en el transcurso de un acto en el que no estaban invitados los pescadores. Ante las demandas de los miembros de la Cofradía y con un ambiente cada vez más enrarecido, Pilar Merino –acompañada por el concejal de Coalición Canaria, Marcos Brito, y la edil del Partido Popular, Eva Navarro– se encaminaron hasta el Ayuntamiento, que permanecía cerrado a cal y canto. En la plaza de Europa esperaron los pescadores, quienes profirieron insultos indignados ante lo que consideraban "un desprecio por parte de la alcaldesa". Mientras tanto, se producía algo insólito: la consejera de Pesca del Gobierno de Canarias, Pilar Merino, se dirigió a la comisaría de la Policía Local, ubicada en los bajos de las casas consistoriales y exigió hablar con la primera teniente de alcalde, María Jesús Ferrer, con quien mantuvo una reunión por espacio de veinte minutos. Después de la salida de Merino del Ayuntamiento, Pilar Merino explicó que el gobierno local no estaba dispuesto a entregar las llaves de la Cofradía, ya que consideraba que el inmueble es propiedad municipal y que se deberá establecer un convenio de uso con la Cofradía de Pescadores. Ante esta noticia, los nervios estallaron e incluso hubo algún tímido intento por parte de algún pescador de entrar por la fuerza en el inmueble. "Estoy muy disgustada con este asunto y espero que todo se solucione lo antes posible porque este inmueble es para los pescadores y si no se aclara el caso, abriremos un expediente al Ayuntamiento", indicó Merino.
Por su parte, el presidente de la Cofradía, Carlos Carrillo, aseveró que "después de el desplante de hoy, en donde nos han cerrado las puertas en las narices, los pescadores no volveremos a reunirnos con la alcaldesa, Dolores Padrón, y que tenga claro que no volverá a hacerse una foto con nosotros porque nos han engañado y la Cofradía es nuestra", declaró visiblemente nervioso. En la misma línea, el concejal de Coalición Canaria, Marcos Brito mostró su indignación ante "la actitud del gobierno local y no entendemos cómo la primera teniente de alcalde, María Jesús Ferrer, ha querido crear un conflicto cuando ya existe un convenio firmado con los pescadores para ceder el uso del inmueble durante 25 años. Ha sido lamentable".
Del mismo modo, la edil del Partido Popular, Eva Navarro, agradeció la "valentía" demostrada por la consejera de Pesca, Pilar Merino, y tildó de "desplante" la actitud demostrada por el gobierno del PSC ante la negativa de entregar las llaves del nuevo edificio a la Cofradía de pescadores Gran Poder de Dios.
En este sentido, la teniente de alcalde del grupo de gobierno socialista, María Jesús Ferrer, aseguró que lo acaecido ayer supone una "deslealtad" y un acto de "intrusismo a la autonomía municipal desarrollado por la Viceconsejería y Consejería de Pesca del Gobierno de Canarias" y que "supone una acción deplorable y lamentable". En este sentido, Ferrer recordó que se establecerá un nuevo convenio con los pescadores y que "nunca nos hemos opuesto a que puedan usar el edificio". Ante la situación de tensión vivida en la tarde de ayer, la edil del PSC atribuyó los incidentes a "una maniobra de Marcos Brito quien con un "acto político intenta justificar una moción de censura contra el gobierno socialista".

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