La jueza ordena el precinto de las empresas de El Riquel

PEDRO H. MURILLO | LA OROTAVA
La jueza titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Icod de los Vinos ha dictado un auto en el que ordena como medida cautelar, la suspensión de las actividades extractivas y de desguaces que llevan a cabo cinco empresas radicadas en la zona de El Riquel. En la resolución judicial, a la que ha tenido acceso La Opinión de Tenerife, se especifica que efectivos del Seprona, acompañados por el secretario judicial, deberán proceder al precinto de la zona y maquinaria de las empresas Prefabricados Santa Bárbara SA, Forthor Canarias SA, Áridos Abreu Luis SL, Desguaces Tenerife SA y Desguaces Insulares, el próximo 19 de junio a las 10:00 horas con el objetivo de "evitar y prevenir la presunta actividad delictiva y en aras de evitar perjuicios de naturaleza irreparable".
En este sentido, las citadas empresas fueron denunciadas por los vecinos de la zona de El Riquel en septiembre de 2004 por la comisión de presuntos delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y medio ambiente. La actividad extractiva en El Riquel, una de las principales zonas del litoral icodense, comenzó hace más de 10 años con la instalación de empresas especializadas en la extracción y tratamiento de áridos así como desguaces de automóviles para chatarra.

Sin autorización. Según se indica en el auto, tanto el Seprona como la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias (Apmun) han denunciado, en reiteradas ocasiones a las citadas empresas, en algunos casos por la "transformación de áridos y fabricación de hormigones en la zona de afección de costas" y por "la extracción de planta de machacado y limpieza sin autorización para ello de actividad clasificada". Del mismo modo, el auto advierte que las empresas extractivas se ubican en una zona cuyo suelo es "rústico de protección agrícola y paisajística".

Satisfacción de los vecinos
Los vecinos de El Riquel han mostrado su satisfacción ante el auto judicial en donde se ordena la suspensión cautelar y precinto de las instalaciones de las empresas radicadas en la zona. El representante de la Cofradía de Pescadores de San Marcos, José Herrera, recordó que los vecinos llevan "más de 10 años luchando en los juzgados para que se pueda recuperar una zona que ha sido muy deteriorada". En este sentido, la situación en la zona de El Riquel ha sido una "piedra de toque" en la política municipal. El alcalde icodense, Diego Afonso, quien conoció la resolución judicial por este periódico, declinó realizar una valoración oficial hasta conocer el contenido del auto pero recordó que "desde el grupo de gobierno siempre hemos apostado por la recuperación de una zona que la consideramos como el balcón al mar de Icod de los Vinos y así se los hemos transmitido al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias para que se articulen las medidas necesarias para poder modificar los usos en esta zona dentro del Plan Insular de Ordenación Territorial (PIOT)". Del mismo modo, el alcalde de la Ciudad del Drago aseguró que de los casi 600.000 metros cuadrados que ocupa la zona de extracción de áridos de El Riquel, "al menos 200.000 metros cuadrados tienen que estar disponibles para la instalación de infraestructuras de esparcimiento y ocio para todos los vecinos icodenses".