Los vecinos del Atlante irán ante el juez por coacciones

PEDRO H. MURILLO | LA OROTAVA Un total de 60 vecinos implicados en el caso Atlante comparecerán en el Juzgado de Instrucción número 1 de La Orotava para declarar por una presunta falta por coacciones, según han confirmado a La Opinión de Tenerife fuentes cercanas al caso. La vista ha quedado fijada para el próximo 2 de abril, tras la denuncia presentada hace más de dos años por el Ayuntamiento de La Orotava y la empresa Pejomar contra los vecinos que impidieron en marzo de 2005 que una pala retroexcavadora terminara la demolición del teatro Atlante.
En este sentido, el abogado que se ha personado como defensa de los vecinos, Pedro Fernández Arcila, confirmó la celebración del juicio y resaltó que, en ningún caso, los vecinos afectados se enfrentan a un delito, sino a una falta, que en el caso de probarse que hubo coacciones por parte de los acusados, la ley contempla una multa de 100 euros. El Movimiento Vecinal Atlante ha mostrado su sorpresa e indignación tras conocer por este periódico que el Ayuntamiento se encuentra personado en la causa. Fuentes del citado colectivo criticaron "el doble juego del grupo de gobierno, ya que en la mesa de negociación los responsables municipales aseguraron que el Ayuntamiento se retiraba de los procesos judiciales abiertos contra los vecinos.
Por su parte, el portavoz de IUC- LV en el Ayuntamiento de La Orotava, Francisco Baute, mostró su sorpresa ante el hecho de que el consistorio esté personado como acusación junto con la empresa Pejomar.

Acuerdo plenario. "Se trata de un hecho muy grave, ya que existe un acuerdo plenario en el que se acordó por unanimidad la retirada del Ayuntamiento de la acusación", señaló Baute, quien aseguró sentir "desprecio y vergüenza ante la actitud del grupo de gobierno de Coalición Canaria por su actitud farisea e hipócrita que demuestra lo que tantas veces hemos denunciado, que es que, en estos casos, Pejomar y el gobierno local van siempre de la mano".
Por su parte, el responsable del Área de Urbanismo, Narciso Pérez, ni confirmó ni desmintió que el consistorio orotavense continuara personado en como acusación contra los vecinos y declinó realizar declaraciones por el momento. Para los afectados en el proceso es una "vergüenza que el Ayuntamiento arremeta contra los vecinos por defender sus derechos".