La denuncia de un guardia destinado en Tenerife imputa a mandos en Baleares

21.06.2016 | 11:28

Tres guardias civiles y un sargento que fueron acusados por sus superiores cuando se encontraban destinados en Calviá, en Palma de Mallorca, de un supuesto delito de torturas a un joven británico y del cual fueron absueltos por el Tribunal Supremo en sentencia firme, interpusieron una querella contra sus antiguos mandos en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Palma de Mallorca, que ha admitido a trámite la misma contra el excoronel Basilio Sánchez Rufo, y dos capitanes. El juez ve indicios de un presunto delito de prevaricación administrativa, por lo que ha ordenado la apertura de diligencias previas.

Uno de los autores de la denuncia, un agente destinado en Tenerife, perdió su plaza en Palma de Mallorca a raíz de estos hechos.

La sanción impuesta por los ahora investigados ocurrió el 21 d noviembre de 2009 cuando en una discoteca de Son Caliu, un joven británico acosó a una mujer y un sargento de la Benemérita de paisano, que se encontraba en el lugar, trató de mediar. El turista, en compañía de otro compatriota agredió al suboficial que acabó por perder el conocimiento.

Los dos británicos fueron detenidos. A raíz de ello, los mandos ahora investigados abrieron un expediente por supuestas torturas y los guardias civiles fueron suspendidos de sus funciones y perdieron el destino. Además, se les aperturó un proceso penal por los presuntos delitos de malos tratos y torturas.

Los familiares del agente destinado en Tenerife han pasado un calvario de seis años, de no dormir y con la espada de Damocles pendiendo sobre sus cabezas ante la posibilidad de entrar en prisión. A ello se suma el dinero que han tenido que pagar a un reconocido despacho de abogados en Madrid para que le defendiese.

Al final, el Tribunal Supremo entendió que no hubo tales torturas. Incluso el Juzgado que conocía la causa contra los mandos reconoció que las supuestas lesiones que presentaban los británicos detenidos era patologías que no existen en el campo de la medicina legal.

El juez que lleva esta causa acabóa con un alegato contundente "si tales lesiones son inexistentes no podemos alcanzar a entender que fin perseguían los mandos del Instituto Armado, en querer dejar constancia de su existencia cuando no se había producido. Su fin era adjudicarles la autoría de esas falsas lesiones y las que se produjeron durante su detención".

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