El fiscal mantiene 10 años de cárcel para la Camorra que operaba desde Adeje

Intentaron cambiar la política de la Isla, para lo que iban a presentar una candidatura

14.04.2016 | 23:30

El fiscal ha mantenido en el juicio que celebra la Audiencia Nacional su petición de diez años de prisión para veinte acusados de pertenecer a un clan de la Camorra italiana implantado en España por delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita, y que actuó en Canarias desde los 90. El representante del Ministerio Público informó ayer a los magistrados de que los procesados blanquearon dinero procedente de actividades ilícitas sobre todo el tráfico de drogas, especialmente de hachís, mediante operaciones inmobiliarias y de hostelería en Canarias, donde actuaban desde la década de los 90.

Ha destacado la construcción de un complejo turístico de apartamentos en Adeje (Tenerife) denominado Marina Palace. Para reflejar el grado de implantación del clan en Tenerife y de sus prácticas camorristas el fiscal ha comentado que incluso los acusados "intentaron cambiar la política de la Isla" para lo cual pensaban promover una candidatura que fuera presentada en el complejo Marina Palace.
Los dos principales acusados en esta causa siguen la vista a través de videoconferencia desde Italia. En concreto desde la cárcel de Sassari, Giuseppe Polverino "O Barone", considerado uno de los principales capos de la camorra y que tras haber sido arrestado en 2012 en Jerez de la Frontera (Cádiz) fue extraditado a Italia, donde cumple penas que suman sesenta años de prisión por asociación mafiosa y tráfico de drogas.

Por su parte, Raffaele Spasiano lo ha hecho desde la sede de un tribunal de Nápoles, donde también cumple condena. Precisamente el abogado de ambos pidió ayer que sean absueltos y ha alegado que estos hechos ya han sido juzgados por los tribunales de Nápoles que dictaron sentencia en 2012 y que es el motivo por el que la Justicia italiana denegó su entrega para que comparecieran en este juicio de la Audiencia Nacional española. El letrado ha alegado que el hecho de que tengan que seguir la vista por videoconferencia ha vulnerado su derecho de defensa. Ha asegurado que Polverino "no ha pisado jamás la isla de Tenerife" y que las únicas sospechas del fiscal se basan en testimonios de dos arrepentidos que pueden buscar beneficios penitenciarios y ha pedido que se proceda contra ellos.

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