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Interior espera la orden de extradición de los dos detenidos en el Reina Sofía

La juez de Granadilla prorroga el arresto de los jóvenes que simularon llevar bombas en un avión británico y confía en que el Reino Unido los reclame pronto

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GORETTI ALONSO
SANTA CRUZ DE TENERIFE
La borrachera de los dos jóvenes que el pasado viernes lanzaron una amenaza de bomba en un avión con destino al Reina Sofía les puede salir muy cara. Los jóvenes, Aidam - Paul Jenvis, de 20 años, y Mathan - Levi, de 21, se encuentran en los calabozos de la Policía Local de Granadilla a la espera de que las autoridades británicas les reclamen.
La broma, además de muy pesada para los pasajeros del vuelo de la compañía Thomas Cook que unía Manchester con Tenerife Sur, se puede convertir en un lío judicial para los dos países implicados.
Técnicamente, los jóvenes no cometieron ningún delito en territorio español al encontrarse volando en aguas internacionales en el momento en el que pronunciaron su falsa amenaza. Por esta razón, tienen que ser juzgados en Inglaterra, país al que pertenece tanto el avión Boeing 757-200 de la aerolínea Thomas Cook en el que se trasladaban y de cuya nacionalidad también son los dos detenidos.
A la espera de que la juez de Granadilla obtenga una orden de extradición del Gobierno inglés que pida su traslado, los detenidos solo pueden prever lo que les podría pasar. Si fueran procesados en España tendrían algo de suerte. Según las leyes españolas la pena de cárcel por su delito oscilaría entre seis meses y un año de prisión. También podrían ser sancionados con tan solo tener que pagar una multa.
Por el contrario, si son juzgados según la legislación británica, mucho más dura y severa que la normativa española, tendrían que ser deportados a Inglaterra donde se exponen, de ser declararlos culpables por sus acciones, a una pena de al menos cinco años de cárcel. En el caso más extremo, la condena podría contemplar incluso la posibilidad de establecer para ellos la cadena perpetua. De ser así, debería concluirse en el juicio que con sus amenazas pusieron en grave peligro, en algún momento del vuelo, tanto a los pasajeros que iban dentro del Boeing, como a los miembros de la tripulación. En ambos casos serían juzgados por un delito contra el desorden público.

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