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Dos guardias civiles irrumpen al testificar el inspector Belda

El policía se quejó al sentirse presionado tras ordenar la detención de la esposa de un general

08-09-2010  
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PEDRO GUERRA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
"Aquí debe haber un error porque esto es competencia nuestra". Dos tenientes de la Guardia Civil irrumpieron en la comisaría de policía de Distrito Sur de la capital grancanaria en el momento en que un inspector jefe prestaba declaración por el asunto de la esposa del general del Ejército detenida por conducir cerca de dos kilómetros en sentido contrario.

Los mandos de la Benemérita pretendían hacerse cargo de las diligencias, puesto que para ellos los hechos no eran constitutivos más que de "una sanción administrativa". Lo ocurrido esa tarde en las dependencias policiales está recogido en un informe interno elaborado por la policía, que ahora el juez ha solicitado a la Delegación del Gobierno, junto a otros documentos.

Eran en torno a las cinco de la tarde del pasado 25 de junio. La Policía Nacional había detenido dos horas antes a María Esther Vaquero Martín, esposa del general del Ejército Francisco Martín Alonso, autoridad militar del Archipiélago. La mujer se negó a ofrecer su testimonio ante la policía y el inspector jefe de la Brigada de Homicidios, Eduardo Belda, prestaba declaración en calidad de testigo en la comisaría de Distrito Sur. Belda circulaba ese día por la carretera del Centro cuando, de repente, se encontró de frente el coche de la esposa del general, contra el que casi impacta de no ser por una maniobra milagrosa que permitió a la mujer, que conducía en sentido contrario, pasar entre dos vehículos. Tras la brusca maniobra automovilística, el inspector de policía padece dos hernias cervicales que han requerido tratamiento con morfina.

La irrupción de los mandos de la Guardia Civil en la sala en la que prestaba declaración el inspector acabó a gritos, en medio de una discusión en la que la Benemérita insistía en que los hechos sólo eran constitutivos de una sanción administrativa. Además, el instructor de las diligencias recibió más de veinte llamadas telefónicas de numerosos mandos militares y de la Guardia Civil mientras la detenida permanecía en la comisaría.

Dos días más tarde, ésta aceptó una condena de cuatro meses de prisión.

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