R.A.D. | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
"El Gobierno no tiene que pedir disculpas porque hemos actuado conforme a la legalidad vigente y lo único que hemos hecho es lamentar la muerte de esta niña y trasladarle las condolencias a sus padres". Así se expresó ayer la consejera de Sanidad del Ejecutivo regional, Mercedes Roldós, al ser cuestionada sobre la actuación del Gobierno en relación con el minuto de silencio convocado tras la muerte de la niña Aitana y las declaraciones de algunos de sus dirigentes que, al igual que los medios de comunicación, culparon a su padrastro de un crimen del que ha quedado exculpado.
El Ejecutivo no sólo no pide disculpas a Diego P.V., sino que tampoco tiene intención de abrir una investigación sobre la actuación de los médicos que atendieron a la niña el primer día que acudió al centro de salud tras caerse en un parque y el día que ingresó en el hospital, donde finalmente falleció. Roldós insistió una y otra vez que el Servicio Canario de Salud ha actuado según los protocolos vigentes cuando existen posibles lesiones o maltratos y negó con rotundidad que Sanidad haya filtrado a los medios ningún documento, amparándose en lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos.
Vulneración. Mercedes Roldós pidió que no se vuelva a vulnerar el principio de la presunción de inocencia, como ya se hizo con el padrastro de la niña fallecida, para acusar ahora a los médicos que la atendieron. "Ha sido un espectáculo lamentable cómo se ha vulnerado la presunción de inocencia para que al minuto siguiente se trate de cuestionar la actuación de un médico. Debemos reflexionar sobre lo que se está haciendo porque no se pueden vulnerar los derechos fundamentales de las personas", aseguró la consejera de Sanidad.
Roldós eludió referirse a una posible investigación interna por parte del Servicio Canario de Salud para analizar la actuación de los facultativos. La consejera se limitó a ofrecer la máxima colaboración de su departamento con la Justicia en la investigación del caso para dirimir posibles responsabilidades si se consuman las denuncias que ha anunciado el abogado de Diego P.V.
Por su parte, el portavoz del Gobierno regional, Martín Marrero, también fue tajante a la hora de negar cualquier tipo de filtración por parte de Sanidad. Marrero fue más allá y dijo que "los periodistas y los medios de comunicación saben perfectámente quien sí ha filtrado datos", aunque evitó pronunciarse sobre los autores de las posibles filtraciones. Para Marrero "debe ser motivo de reflexión de todos" si "hay demasiada urgencia por juzgar" la muerte de la niña de tres años de edad en Arona por "quienes no están cualificados para hacerlo".
En su opinión los problemas se suscitan "cuando los que no son jueces quieren jugar a jueces", por lo que pidió que se deje trabajar a la Justicia, órgano con el que colaborará la Consejería de Sanidad en todo aquello que se le requiera.
El portavoz del Ejecutivo reconoció que quizá habría que analizar si el minuto de silencio fue "adecuado o no" pero "se trataba de expresar por parte del Gobierno el dolor y solidaridad con los familiares de una niña de tres años que había perdido la vida", argumentó.
Más precisión en los protocolos
EFE
La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, señaló en Bruselas que no ve necesario modificar los protocolos de protección de los menores tras el debate generado por el caso de la niña fallecida en Tenerife, aunque sí "aplicarlos con más precisión. En todo caso, vamos a esperar a que concluyan todas las investigaciones y podamos saber dónde se ha producido, si es que se ha producido, algún fallo". La ministra se pronunció así al ser preguntada sobre los supuestos fallos en los servicios médicos o judiciales que dieron lugar a la detención del padrastro de Aitana por agresiones y homicidio, unos hechos que desmintió la autopsia. Para Jiménez, los protocolos de protección del menor establecidos para los servicios sanitarios y sociales "son bastante ajustados. Tenemos que hacer todos un esfuerzo por aplicarlos de la mejor manera posible, con más precisión, en eso tenemos que trabajar todos". Además, la ministra dijo que no cree que sea necesaria "una reforma legal o normativa, porque son protocolos que, sobre todo, vienen a garantizar la protección del menor", pero sí destacó la importancia de "una buena aplicación" de ellos.
