EUROPA PRESS | MADRID
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 22 personas en Tenerife y Málaga acusadas de delitos de falsificación y estafa cometidos a interesados en intercambiar temporalmente sus viviendas, a través del denominado negocio del ´time-sharing´, siendo sustraídos sus datos por empleados desleales de empresas dedicadas a la explotación de estos productos.
Según informó la Policía, este tipo de fraude se lleva a cabo en el ámbito de la gestión de derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles. Los estafadores contactan con los perjudicados para comunicarles que había compradores interesados en sus derechos de uso. Una vez que los propietarios se hacían cargo de los gastos previstos en los trámites de compraventa, los compradores y los intermediarios desaparecían con este dinero.
Tras ello, otros miembros del grupo engañaban nuevamente a sus víctimas haciéndose pasar por abogados que simulaban litigar con las empresas que les habían defraudado anteriormente.
El Grupo de Fraudes Financieros de la UDEF Central inició la investigación tras recibir, por parte del Consejo General del Notariado, diferentes comunicaciones advirtiendo de varias actuaciones fraudulentas por parte de personas desconocidas que usurpaban el nombre de notarías españolas.
El curso de las investigaciones se saldó con la detención de siete personas el pasado mes de junio, la identificación de otros miembros de la organización y el acceso a cuentas bancarias receptoras de esos fondos procedentes de la estafa.
Según los investigadores, la organización utilizaba listados o bases de datos de titulares de derechos de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles con fines defraudatorios, generalmente sustraídos por empleados desleales de compañías dedicadas a este negocio. Los estafadores se hacían pasar por mediadores en la operación y hacían creer a los titulares que existía un comprador.
Tras ello, intercambiaban documentación con las víctimas y se hacían pasar por compradores e incluso abogados y notarios que garantizaban que la venta estaba cerrada formalmente. Una vez pagados los trámites de gestión, los intermediarios desaparecían y la operación no se producía. Tras ello, las víctimas eran nuevamente estafadas en la Costa del Sol, pues los delincuentes simulaban ser abogados que se encargaban de litigar con las empresas vendedoras de derechos, aseguraban haber recuperado el dinero y les solicitaban nuevos pagos para poder devolvérselo.
Entre los 22 detenidos en Tenerife y en Málaga, se encuentra el cabecilla del grupo, que gestionaba los listados; integrantes que actuaban como testaferros; mandos medios que realizaban tareas como el reparto de potenciales víctimas, la gestión de las comunicaciones con ellas o la supervisión de cuentas bancarias.
En los registros efectuados, la Policía ha intervenido abundante documentación bancaria, multitud de listados de propietarios de derechos de aprovechamiento por turnos, equipos informáticos, memorias portátiles, instrucciones para mantener conversaciones con potenciales víctimas, munición del calibre 22, grilletes, una pistola de aire comprimido, un dispositivo de descarga eléctrica y más de 30.000 euros en efectivo.
En la operación han participado agentes del Grupo II de la Sección de Fraudes Financieros de la UDEF Central, de la Comisaría General de Policía Judicial, de los Grupos de Crimen Organizado de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Tenerife y de la Comisaría Local de Tenerife Sur, así como del Grupo II de Fraudes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga.
