EFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE
La Policía Nacional ha detenido a través de la operación Pambita II a siete personas en Santa Cruz de Tenerife porque al parecer formaban una red que supuestamente realizó contratos de telefonía móvil y recargas falsos, actividad con la que podrían haber defraudado a la compañía Movistar más de un millón de euros en un año y medio.
En un comunicado, la Policía Nacional informó de que los detenidos son la mayoría miembros de la misma familia y naturales de Tenerife, considerados por los agentes como el "núcleo duro" de la banda.
El grupo habría utilizado una "intrincada" red de colaboradores para delinquir, por lo que el dispositivo continúa abierto y no se descartan más detenciones en los próximos días, se afirma en el comunicado.
El fraude habría afectado a unos veinticinco establecimientos comerciales de la isla, todos distribuidores autorizados de la compañía Movistar, y a más de un centenar de particulares.
Podría triplicarse la cifra. La Policía mantiene que el número de perjudicados podría llegar a triplicar esa cifra.
La organización, dirigida por M. L. G. O., de 60 años y C. M. V. G., de 18, madre e hija, contaba, según describen los agentes, con un reparto de tareas "muy bien definido".
Varios de los implicados se habrían encargado de obtener los códigos de trabajo a través de internet de diversos distribuidores autorizados de Movistar, con los que poder realizar las altas, recargas, cambios de titularidad y migraciones telefónicas. Los implicados realizaban contrataciones, aparentemente legales, de líneas telefónicas que iban a ser cambiadas de titularidad a cambio de una mínima parte de los beneficios.
Así, la banda consiguió disfrutar temporalmente de números de teléfono cuyos gastos eran asumidos por otros.
Una vez finalizado dicho período, los terminales, de última generación, serían vendidos en rastros y mercadillos a precios inferiores a los de mercado.
Mayoría inmigrante. La Policía ha detenido también a uno de los receptores de esos teléfonos, el cual tendría abierto un canal de distribución de los referidos teléfonos entre Canarias y la Península, mayoritariamente entre población inmigrante.
Durante el registro del domicilio de las cabecillas los agentes se incautaron de un ordenador y diverso material informático, así como de una libreta en la que se detallaba, a modo de "burda" contabilidad, la operativa de la banda, los medios que empleaba, y muchas de las personas que se habrían beneficiado de sus ilícitas actividades.
