06 de abril de 2018
06.04.2018
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El TSJC condena a la consejería de Educación por los traslados forzosos

Considera que el Gobierno de Canarias "vulnera el derecho fundamental a la libertad sindical"

06.04.2018 | 13:15
Soledad Monzón, consejera de Educación del Gobierno de Canarias
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha emitido una sentencia en la que condena a la consejería de Educación del Gobierno de Canarias "vulnerar el derecho fundamental a la libertad sindical" en relación a los traslados forzosos. Además, en un proceso que comenzó tras una denuncia del sindicato co.bas Canarias, en el auto declara la nulidad de dicha actuación, que califica de "antisindical" y le impone el pago de una indemnización.

"Es un nuevo varapalo", valoran las fuentes jurídicas de co.bas Canarias, "para un Gobierno que vuelve a demostrar el poco respeto que tiene por los trabajadores públicos; este es un asunto que se intentó resolver previamente en negociaciones con la propia consejería, y que finalmente haya que acudir a la Justicia para que les obligue a cumplir la ley, debería hacerles reflexionar".
 

El fallo tiene que ver con los traslados forzosos del personal laboral que se vienen produciendo durante todo el curso entre los centros escolares, los cuales, se deciden desde la Secretaría General Técnica aplicando el criterio de antigüedad, es decir, el tiempo que lleva cada persona trabajando en la administración.
 
El problema, según informa el sindicato, arrancó cuando el Comité de Empresa le solicitó a esta secretaría la información relativa a la antigüedad de los trabajadores que han sido objeto de traslado forzoso, para poder verificar que se ha hecho correctamente e informar a sus representados que las movilidades se hacen con la mayor transparencia, pero ésta se niega a facilitar la información. Tras reiteradas solicitudes sin respuesta, la sección sindical provincial de Las Palmas de la consejería de Educación de co.bas Canarias decidió interponer demanda, a la que el TSJC ha dado finalmente la razón.
 
La sentencia estima que la consejería ha vulnerado un derecho fundamental como es la libertad sindical al no facilitar los datos que ésta solicitaba, ordena el cese inmediato de esta actuación, que califica de "antisindical" y que se cumpla el derecho del demandante a que le sea entregada la documentación, y condena, por último a la a la administración pública al pago de una indemnización de 3.125 euros –cantidad que se corresponde con la que la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social establece para las "faltas graves"– por el daño moral causado.
 
"Ahora sólo esperamos el cumplimiento de una sentencia, que la consejería facilite los datos y poder corroborar que los traslados son acordes a la antigüedad y no arbitrarios", declaran desde co.bas Canarias
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