02 de noviembre de 2017
02.11.2017

Suspendido el juicio del Caso de los Tarajales por fallos en la instrucción

El juicio se trasladará de nuevo al Juzgado de Instrucción, para que decida si es la Audiencia Provincial la competente para juzgar la causa

03.11.2017 | 17:13

El juicio por el denominado caso Los Tarajales que debería iniciarse este jueves 2 de noviembre ha quedado suspendido al aceptar la juez las peticiones de la Fiscalía, de parte de las defensas y de la acusación particular que alegaron fallos en la instrucción procesal y ausencia competencial.

El juicio se trasladará de nuevo al Juzgado de Instrucción, para que decida si es la Audiencia Provincial la competente para juzgar la causa.

La suspensión del juicio se produjo minutos después de iniciarse el proceso judicial en el que la acusación pide 18 meses de cárcel y 10 años de inhabilitación pública para el alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez y el arquitecto municipal, por un presunto delito urbanístico.

La Fiscalía y los abogados de la defensa y acusación solicitaron a la juez la suspensión del mismo por existir fallos en la instrucción procesal, incorporándose además por parte de la acusación, un supuesto delito de estafa agravada.

La juez tras una suspensión temporal de la vista para deliberar, tomó la decisión de aceptar las solicitudes presentadas y suspender por tanto la causa y dar traslado de nuevo al Juzgado de Instrucción.

El caso de Los Tarajales se remonta a noviembre de 2005, cuando el grupo de Gobierno de Tazacorte autorizó la construcción del edificio Balcón del Puerto para viviendas de lujo en primera línea de playa.

La decisión administrativa fue dos días después tumbada por el Tribunal Supremo con una sentencia firme contra la ordenación de ese suelo.

Previamente existían además una sentencia no firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que ya advertía de que el suelo no era urbano, y otra de la Audiencia Nacional de diciembre de 2004 que estipulaba que la servidumbre de protección era de 100 metros en este emplazamiento y no de 20 como se recogió en el PGO en el que se basó la licencia.

En este caso están imputados seis acusados, entre ellos el alcalde de entonces y actual, Ángel Pablo Rodríguez Martín, su Junta de Gobierno en 2005 y el arquitecto municipal.

El fiscal les acusa de un delito contra la ordenación del territorio por permitir la construcción de un edificio residencial en El Puerto, en un suelo declarado por el Tribunal Supremo como no urbano y afectado por el deslinde de Costas.

La acusación pide para el alcalde una pena de un año y medio de prisión y 10 de inhabilitación para empleo y cargo público, lo mismo que para el arquitecto municipal aunque un año menos de inhabilitación y para el resto de los acusados nueve meses de cárcel y ocho años de inhabilitación.

En este caso judicial se han acumulado 22 tomos de información que contienen 35.000 folios de declaraciones, testificaciones, pesquisas policiales y documentación técnica, según han informado a fuentes judiciales.

Además, se debe resolver otra petición de la Fiscalía, que reclama la demolición del edificio de Los Tarajales, con costes millonarios a cargo de los acusados o, en su defecto, por parte del Ayuntamiento de Tazacorte.

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