29 de diciembre de 2016

El TC no aprecia discriminación en la restricción al voto de los discapacitados

El tribunal rechaza un recurso para que una discapacitada intelectual pueda votar

29.12.2016 | 09:56

La Sala Segunda de la Sección tercera del Tribunal Constitucional ha rechazado la admisión a trámite de un recurso de amparo presentado por un matrimonio gallego que solicitó que su hija con discapacidad intelectual y bajo su custodia pudiera ejercer el derecho al voto. El Ato tribunal no aprecia discriminación en el procedimiento por el cual una persona incapacitada judicialmente no puede votar.

Los padres solicitaron la incapacitación parcial de su hija, reconocida en una sentencia de 2014, que le privó del derecho de sufragio activo, argumentando el "sustancial desconocimiento de aspectos básicos del sistema político y del régimen electoral y la constatada influenciabilidad". Recurrieron esta decisión judicial en el Tribunal Supremo, que desestimó la petición en marzo de 2016.

Entre los argumentos jurídicos del auto del TC destaca que la definición "amplia" del concepto de 'discapacidad' de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -"cualquier deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo que pueda impedir la efectiva igualdad"- debe distinguirse de la 'incapacidad' definida por el Código Civil -"enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico, que impidan a la persona gobernarse por sí misma"-.

El auto cuenta con el voto particular de la magistrada Adela Asua, que considera que el TC debería haber estimado el recurso de súplica promovido por el Ministerio Fiscal y asegura que "la exclusión del derecho de voto sobre la base de una discapacidad psicosocial o intelectual percibida o real, incluida constituye una discriminación por motivos de discapacidad".

En la actualidad, más de 80.000 personas con discapacidad intelectual, que cuentan con una sentencia judicial de incapacidad total, no pueden votar. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) sigue sin modificarse pese a la advertencia de Naciones Unidas. En 2008, el Estado español ratificó la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que obliga a cambiar la ley electoral bajo la premisa de que "ninguna persona por razones de discapacidad puede ser privada de este derecho fundamental".

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