22 de diciembre de 2016
Inclusión social

Justicia impide que los ciegos y sordos precisen un informe médico para casarse

El ministro Catalá anuncia una instrucción que se lo indicará a los distintos funcionarios

22.12.2016 | 09:42
Justicia impide que los ciegos y sordos precisen un informe médico para casarse

Las leyes mal hechas las carga el diablo. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se vio en la obligación de anunciar ayer en el Senado que la reforma del Código Civil que exigirá a ciegos y sordos un certificado médico para poder contraer matrimonio no se aplicará, aunque llegue a entrar en vigor el próximo 30 de junio. ¿Cómo se posibilita que el tenor de una norma de tanta jerarquía en el ordenamiento jurídico español no tenga efecto en la práctica? Justicia planea emitir una circular dirigida a los funcionarios que pueden casar, consensuada junto con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), para fijar una restrictiva interpretación del polémico artículo 56, que reducirá la necesidad de este dictamen médico a supuestos muy excepcionales.

No es una solución que convenza a todos. Los socialistas, sin ir más lejos, que temen que la circular que anuncia el ministro Catalá no sea más que chapuza sobre chapuza, anunciaban ayer que van a registrar una proposición de ley para eliminar el artículo que limita los derechos de las personas con discapacidad sensorial a la hora de contraer matrimonio.

Desde que la opinión de tenerife publicó el pasado lunes que la reforma del artículo 56 del Código Civil, que forma parte de la Ley de Jurisdicción Voluntaria aprobada el año pasado pero que no entrará en vigor hasta el 30 de junio de 2017, exigiría un certificado médico para contraer matrimonio a las personas con discapacidad sensorial, la indignación de los colectivos afectados no ha hecho sino crecer.

Así, Rafael Catalá daba respuesta ayer por la mañana a la preocupación de varios parlamentarios de la Cámara Alta, que le transmitían la indignación de estos colectivos y le demandaban soluciones. El ministro reconocía implícitamente el error legislativo cometido con esta normativa al anunciar que "se emitirá una instrucción para aclarar que la reforma del Código Civil que entra en vigor en junio próximo no exige a las personas con discapacidad un certificado para casarse", según recogía en su edición web el rotativo Levante.

¿Por qué no se procede directamente a la modificación de la norma, en vez de acudir a este subterfugio de la circular que precisa una interpretación restrictiva de la norma? Según asegura la Fundación Canaria para el Sordo (Funcasor), todo es una cuestión de plazos, pues la modificación de la reforma del Código Civil bien podría no llegar antes de que ésta entre en vigor el próximo 30 de junio.

Solución transitoria

La nota de Funcasor explica que "teniendo en cuenta lo ajustado que están los plazos para aprobar una Ley de modificación, Cermi y la Dirección General de los Registros y el Notariado del Ministerio del Interior están trabajando, mientras tanto, en una solución transitoria: la aprobación de una circular sobre la interpretación y aplicación del artículo 56 del Código Civil que resulte vinculante y de obligado cumplimiento para el letrado de la Administración de Justicia, notario, encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente de matrimonio. Esta solución transitoria servirá mientras se realiza la tramitación parlamentaria para aprobar la Ley que modifique este artículo".

Dicha circular aclarará "que el precepto debe interpretarse restrictivamente, excluyendo a aquéllos supuestos en que la discapacidad afecte tan sólo a los medios de emisión de ese consentimiento o nada tenga que ver con la aptitud para prestarlo".

Las organizaciones que aglutinan a las personas con discapacidad sensorial vienen explicando durante todos estos días que esta circunstancia no afecta la aptitud para prestar el consentimiento matrimonial, por lo que se les debería eliminar totalmente del enunciado del artículo, más allá de precisar una interpretación restrictiva que de él deberán hacer los funcionarios públicos.

En todo caso, lo ajustado de los plazos tampoco es compartido por todos. Francisco Javier Bencomo, presidente en Canarias de Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), cree que " si hubiese voluntad, esto se cambiaba, lo que pasa es que habrá otras cosas más urgentes que esto. Pero sería perfectamente viable cambiarlo a tiempo".

No obstante, Bencomo da la bienvenida a la medida arbitrada por el Ministerio de Justicia para solucionar el conflicto planteado por una norma que "es inapropiada y en manos de personas inflexibles puede ser perjudicial para las personas con discapacidad". Bencomo resalta el mal encaje que tiene este artículo 56 en el ordenamiento jurídico español: "Hay una incongruencia entre la norma y el ordenamiento, por eso hay que quitarla, es una cuestión de congruencia. Además, el que se pida un informe suena mal hasta éticamente".

En todo caso, este caso siembre una serie de inquietudes, porque es preocupante que en la reforma de una norma del calado del Código Civil se cuele un gazapo de tal magnitud y además sortee todos los filtros, comisiones legislativas, gobierno, grupos políticos. Que nadie cayera en la cuenta es difícil es desalentador.

Fue aprobada en la pasada legislatura, en la época de la mayoría absoluta del PP, con el famoso rodillo, pero aun así, su tramitación y pase por el Parlamento requería de un detalle minucioso por todos los grupos con representación. Ahora, a seis meses de su entrada en vigor, nos situamos en un horizonte donde todas las soluciones que se puedan plantear desde los diferentes grupos políticos del arco parlamentario ya van contrarreloj.

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