19 de diciembre de 2016

Cermi propone una legislación que garantice el apoyo a los discapacitados

18.12.2016 | 21:34

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha iniciado una verdadera ofensiva para que el artículo 56 del Código Civil en su versión reformada no llegue a entrar en vigor. Cermi no sólo pide que se retire la modificación que debe entrar en vigor el próximo 30 de junio, sino que propone una redacción alternativa que no incurra en discrminación alguna y asegure a las personas con discapacidad el apoyo necesario para contraer nupcias.

El tenor propuesto por Cermi establece que "las personas con discapacidad que precisen apoyos para la toma de decisiones no podrán ser excluidas por motivo de su discapacidad del derecho a contraer matrimonio, siendo obligación de las autoridades y funcionarios que intervienen es estos procedimientos proveer de los apoyos necesarios para la formación y emisión de su consentimiento." Una redacción que traduce una filosofía muy diferente a la que informa la modificación que fue aprobada el año pasado por el Parlamento español.

La importancia del lenguaje

En el argumentario que acompaña a su propuesta, Cermi señala que "el lenguaje nunca es inocente. La utilización de expresiones que vinculan o asimilan deficiencia o discapacidad con la posibilidad de limitar la capacidad jurídica resulta discriminatoria. El artículo 12 de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas es claro y preciso, y la interpretación que hace Naciones Unidas ratifica lo que se argumenta".

Este comité sentencia que "el hecho de que una persona tenga una discapacidad o una deficiencia no debe ser nunca motivo para negarle la capacidad jurídica y las normas que lo establezcan deben ser derogadas. Una deficiencia mental, intelectual, psíquica o sensorial no afecta a la aptitud de una persona para comprender el significado del matrimonio y prestar su consentimiento al mismo".

Cermi apuntala sus razonamientos con una ilustrativa legislación que apunta a una posible incompatibilidad de esta modificación legislativa con otras normas ya vigentes en el ordenamiento jurídico españól. Son los casos de la ya citada convención internacional o el artículo 14 de la Constitución Española.

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