11 de diciembre de 2016
Ley de Dependencia

Una década de esperas

Se cumplen diez años de la propugnación de una Ley de Dependencia que no ha llegado a consolidarse

11.12.2016 | 18:57
La lista de dependientes en España sigue en aumento.

La Ley de Dependencia nació hace diez años con el espíritu de ayudar a aquellos que lo tenían más difícil. Con las pretensiones de ser el cuarto pilar del Estado del Bienestar, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que vio la luz el 14 de diciembre de 2006, pretendía proteger a personas en situación de vulnerabilidad, bien por una incapacidad, una discapacidad o la vejez.

Pero una década después de la propugnación de una Ley que vino a paliar la desigualdad social de aquellas personas que estaban en situación de dependencia, esta no ha terminado de consolidarse a consecuencia de haber sufrido los envites de una crisis que se cebó, en gran medida, con sus presupuestos. Un dato nada alentador es que aún se tardarían más de cuatro años y medio en lograr la plena atención de las 355.596 españoles que están hoy en lista de espera.

La medida, puesta en marcha por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero se topó enseguida con una crisis económica que mermó todos sus recursos. Después, acabó maltrecha con la llegada del popular Mariano Rajoy. Los ajustes económicos que hizo el PP en 2012 a consecuencia de las exigencias de la Unión Europea acabaron por herir de muerte una ley que aún se encontraba en fase de despegue. Con la aprobación del Real Decreto-ley 20/2012 la ley sufrió un retroceso con el que se ampliaron los plazos para recibir atención (dos años y medio) y se recortaron prestaciones (un 15%) y presupuesto (hasta 800 millones de euros anuales).

Los servicios que la Administración debe prestar a consecuencia de esta ley son el de Prevención y promoción de la autonomía personal, Teleasistencia, Ayuda a Domicilio, de Centro de Día y Noche y de Atención Residencial. En lo que a prestaciones económicas se refiere, recoge la de cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, la de asistencia personal y la vinculada a la adquisición de un servicio.

Pero la situación no es la propicia, al menos de momento, para los 355.596 españoles que esperan una ayuda. El propio Observatorio Estatal de la Dependencia ha denunciado que el Gobierno central sólo aporta el 18% de la financiación del Sistema de Atención de la Dependencia frente al 50% que fija la ley, mientras que las comunidades autónomas están asumiendo el 82% del gasto público, según explica la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, a la que pertenece este observatorio. 

El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, reconoce que actualmente la ley se encuentra en fase de expansión tras una breve recuperación en 2015. "El incremento viene dado seguramente por la expectativa abierta con la incorporación de las personas con dependencia moderada. Esta mejora de los datos de gestión tiene también diversas causas: se ha pasado en muchas comunidades autónomas por periodos electorales que suelen favorecer que se pise el acelerador de las prestaciones", añade.

Según los datos que maneja esta entidad, del 1,2 millón de españoles en situación de dependencia reconocida, un tercio de estas no recibe ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia aun cuando tiene pleno derecho a las mismas. Pero los datos van más allá: un 35% de los dependientes en lista de espera tienen grado III o Grado II (122.968), es decir, tienen "gran dependencia" o "dependencia severa", es decir, necesitan ayuda para vestirse o comer.

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