Justicia

Un reo antifranquista ve reconocidos 729 días preso como tiempo cotizado

Ángel González, exmiembro del PCE que fue torturado entre 1975 y 1977, logra que la Seguridad Social convalide su encierro sin juicio como periodo trabajado

29.10.2016 | 02:45

Era el tardofranquismo último: 11 de octubre de 1975, cuarenta días antes de la muerte del dictador. Ángel González García, miembro del Partido Comunista de España (marxista-leninista), fue detenido en el paso fronterizo de Portbou cuando regresaba en tren de una reunión del partido, clandestino e ilegal, celebrada en Lyon. Tenía 21 años y sólo dos años antes había escapado de Valencia y abandonado sus estudios de Arquitectura en la Politécnica al sospechar que podía ser identificado como miembro del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). El peligro se cernía. Y se consumó.

Tras su detención en el Talgo, fue torturado durante once días en las dependencias de la antigua Brigada Político-Social en Barcelona: desde agresiones físicas hasta simulacros de paseíllo. Después, el 22 de octubre de 1975, fue conducido a la Cárcel Modelo de Barcelona, donde permaneció encerrado dos años en régimen de prisión provisional sin fianza y sin ser sometido a juicio. El 19 de octubre de 1977, a los dos días de entrar en vigor la Ley de Amnistía, fue puesto en libertad.

Han pasado casi cuarenta años. Pero ahora, aquella lucha política antifranquista le ha sido reconocida a efectos laborales. La dirección en Valencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social le ha reconocido esos 729 días entre rejas como tiempo de cotización válido a los efectos de prestaciones para la jubilación, según consta en el certificado expedido por el organismo con fecha de 27 de septiembre. El organismo público se acoge a la Ley de Amnistía de 1977 y a una norma de 1984, desconocida para muchos afectados en circunstancias similares.

Ángel González, afincado ahora en La Eliana, considera que es "un reconocimiento mínimo e implícito" del Estado español a todo cuanto sufrió como víctima del franquismo. Él está a punto de cumplir 63 años y es probable que adelante la jubilación al conocer que tiene dos años más cotizados de los que hasta ahora creía.

Sin embargo, ha dado un paso más allá del estrictamente laboral. Ángel González García presentará en el consulado de Argentina en Valencia una denuncia para que sea incorporada a la causa instruida por la juez argentina María Servini sobre los crímenes del franquismo. Quiere que se investigue todo aquello que incorpora a la denuncia. Como las "imborrables torturas" y la "brutalidad" sufrida en prisión, que lo marcaron de por vida y que apenas ha relatado a nadie. Rememorarlo todavía le hace temblar las cuerdas vocales.

Primero fueron golpes con puños y porras hasta hacerlo sangrar por la boca. Después fue sistemático. "Se me sometió a diario, y con pequeños descansos en calabozos, a la tortura de la barra", explica. Estando desnudo, detalla Ángel, "te esposaban las muñecas, te pasaban los brazos por la cara externa de las rodillas dejando un hueco para pasar una barra de hierro, mediante la cual te colgaban entre dos mesas de la sala y, así colgado, empezaban a golpearte con porras en las nalgas, las plantas de los pies, la zona lumbar. Y así hasta que se cansaban y te dejaban ahí colgado un rato hasta que volvían a lo mismo".

Aislado en una celda

Tras varias jornadas de torturas sin lograr que Ángel reconociera ser el "inductor del asesinato" de un policía nacional, una noche lo introdujeron en un coche camuflado con cuatro policías. Le dijeron que se encaminaban al Campo de la Bota, lugar de fusilamientos sin juicio en la posguerra. "Nos íbamos allá para ejecutarme. Lo deseé profundamente; deseé que todo acabara y así se lo dije" a los policías. Pero antes de llegar al destino dieron la vuelta y regresaron a la comisaría central de la Brigada Político-Social en la Vía Laietana de Barcelona. "Y continuaron torturándome con más ganas", recuerda.

De ahí pasó a la Modelo de Barcelona. A una celda de aislamiento, sin ninguna visita familiar. "Con el petate enrollado en el suelo durante el día, sin poder salir de la celda y con la luz encendida toda la noche. Todo ello bajo la jurisdicción militar y a la espera de la urgente celebración de un consejo de guerra sumarísimo donde se me pensaba pedir la pena de muerte", cuenta. La Ley de Amnistía lo sacó de allí. Pero el olvido le es insoportable: "Hay 130.000 personas desaparecidas o en fosas comunes y miles de fusilados y torturados". "Es inadmisible", considera, "que no se repare la memoria de todos ellos".

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